El 'FBI filipino' desvela una conspiración policial tras el asesinato del surfista español Diego Bello

El joven coruñés Diego Bello iba desarmado cuando agentes de la Policía de Filipinas acabaron con su vida. Fue durante la madrugada del 9 de enero de 2020 en la región de Surigao. Le propinaron seis disparos en distintas partes del cuerpo junto a la puerta de su casa. Uno de ellos lo recibió justo detrás de la oreja izquierda y quien disparó lo hizo a poca distancia de Diego, según los informes forenses. En contra de la primera versión oficial, Bello nunca apuntó contra ellos y las drogas y el arma que aparecieron en el lugar de su muerte fueron «sembradas» en el lugar del crimen por los mismos policías que le mataron para justificar su crimen. 

Lo anterior son las principales conclusiones presentadas ante la Justicia filipina por la Oficina Nacional de Investigación (NBI, por sus siglas en inglés) sobre la muerte de este joven gallego de 32 años; un excanterano del Deportivo de la Coruña y surfista profesional que se había afincado hace años en el país asiático, donde regentaba un bar, un restaurante y una tienda de surf. Daba empleo a 25 personas en ese pequeño y paradisiaco municipio de las Islas Siargao.

En un escalofriante informe de 39 páginas, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el ‘FBI filipino’ desmonta por completo la primera versión de la policía de Surigao. La investigación, tras la que se espera la apertura de juicio formal contra los agentes, narra con todo lujo de detalles el montaje y la manipulación de pruebas con la que los policías implicados en la muerte de Bello trataron de ocultar el presunto crimen. Para más escarnio, usaron el montaje para culpabilizar a la víctima.

La Fiscalía filipina ha solicitado imputar a los tres agentes por delitos de «asesinato», «fabricación de pruebas» y «perjurio».

El día de su muerte, los agentes ahora imputados le llegaron a señalar ante los medios como «el narcotraficante número 1» de la región. Justificaron su muerte diciendo que, durante un operativo encubierto, le habían interceptado mientras realizaba una venta de drogas y que, al intentar detenerle, se vieron obligados a dispararle porque el joven español sacó un arma del calibre 45 y les disparó.

Una versión ahora desmontada por completo por el NBI. Tras una extensa averiguación, solicitada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Filipinas y por el Consulado de España en Manila, los investigadores han llegado a la conclusión de que el joven gallego fue víctima de una conspiración deliberada y orquestada por esos tres policías, que habrían manipulado a su antojo la escena del crimen tras haber hecho un uso excesivo de la fuerza contra la víctima.

Para que pueda arrancar el juicio, los abogados de la familia de Bello tienen hasta el 25 de octubre para presentar un escrito apoyando la imputación de los tres agentes

La Fiscalía filipina ha solicitado imputarles por delitos de «asesinato», «fabricación de pruebas» y «perjurio». Los abogados de la familia de Bello, Guillermo Mosquera y Manuel Ollé, tienen hasta el 25 de octubre para presentar un escrito ante el juez apoyando la imputación solicitada por el NBI. Ya están trabajando en el documento, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes cercanas al caso, para que en los próximos meses pueda arrancar el juicio.

«Una conspiración para matar a Diego»

«Los actos concertados por los agentes de Policía antes, durante y después de la muerte de Diego indudablemente muestran una relación causal que apunta a un objetivo conjunto, una unidad de acción y un interés común: matar a Diego», asevera el informe del ‘FBI filipino’, en el que no se detalla cuáles habrían sido los motivos de los agentes para cometer el crimen y fabricar las pruebas para acusar al joven gallego de narcotráfico.

La investigación detalla a lo largo de sus casi cuarenta folios los elementos y pruebas que desmontan la versión de los policías ahora imputados. La autopsia realizada al cuerpo de Diego Bello dio negativo en drogas.

Además, el ‘FBI filipino’ destaca que los agentes implicados en el crimen nunca avisaron a la unidad especializada en narcotráfico de la Policía de ese país. Una unidad que, según el informe presentado por el NBI al juez, asegura no haber detectado jamás indicio alguno de que Diego Bello estuviese implicado en algún tema relacionado con las drogas.

Estaba desarmado

Los testigos interrogados por el NBI aseguraron haber visto a los policías encañonar a dos sujetos que estaban de rodillas sobre la acera y con las manos en alto antes de escuchar una ráfaga de disparos, que fue seguida minutos después por otros dos disparos menos sonoros presuntamente realizados con el arma del calibre 45 que los agentes, según el informe entregado a la Justicia filipina, plantaron allí después del asesinato. 

Los informes de balística efectuados por expertos del NBI, tras analizar los casquillos de bala hallados en el exterior de la vivienda, concluyeron que era «evidente» que «la acusación de que Diego estaba en posesión de un arma forma parte de su plan era justificar una muerte ilegal», según consta en el documento entregado a la Justicia filipina.

El arma no estaba inscrita en el registro nacional de armas de Filipinas a nombre de Diego, sino a nombre de una empresa que ha jurado no haber comprado nunca un arma de fuego y mucho menos registrarla. Tanto los trabajadores de los negocios regentados por Bello como su pareja, afirmaron no haber visto a Diego jamás con la mochila que los agentes de Surigao dijeron haber hallado en el lugar de los hechos, y que contenía dos cilindros rellenos de unos diez gramos de cocaína y varios fajos de billetes enrollados.