El Gobierno de Pedro Sánchez se desmarca de los vínculos de la Fiscalía General del Estado con el bufete de Baltasar Garzón y el contrato del exjuez con la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Así lo hace constar en la respuesta que le da por escrito, un mes después, al diputado Pablo Cambronero, del Grupo Mixto, y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
En su carta dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados, el exdiputado de Ciudadanos preguntaba al Gobierno sobre el contrato de 8,8 millones de euros de PDVSA con Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho.
Entre las misiones pactadas por Ilocad y PDVSA figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a PDVSA en la misma causa, según un documento al que tuvo acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.
«Mi valoración es completamente negativa, no contestan a ninguna de las tres preguntas que les hacía», asegura a THE OBJECTIVE Cambronero. «Simplemente me dan una especie de lección sobre lo que debería ser la Fiscalía General del Estado, ya que no en vano hay que recordar que el propio Sánchez dijo que la Fiscalía pertenecía al Gobierno». Pedro Sánchez dio estas declaraciones sobre la Fiscalía el 6 de noviembre de 2019 y, un día después, reconocía su error.
Asimismo, Cambronero avanza a THE OBJECTIVE que va a reiterar la pregunta al Gobierno e introducir la respuesta que le han dado para que le den una explicación de «qué tiene que ver Dolores Delgado, la fiscal general del Estado y exministra de justicia, con ese contrato».
Ese contrato salpicaría de lleno a la fiscal general del Estado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA.
