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Guerra abierta entre Iberdrola y la industria siderúrgica tras su ataque a Sidenor

Ambas compañías se acusan de subidas injustificadas de la electricidad y el acero

Guerra abierta entre Iberdrola y la industria siderúrgica tras su ataque a Sidenor

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y José Antonio Jainaga, presidente de Sedinor. | Iberdrola/Sidenor

Iberdrola y Sidenor se han enzarzado por la subida de los precios de la electricidad y el acero y han iniciado un cruce de acusaciones. Todo comenzó a principios de noviembre cuando la compañía energética pidió a Sidenor que bajara los precios del acero para poder seguir compitiendo en el desarrollo de la energía eólica mundial y, específicamente, en la instalación de parques eólicos marinos (offshore).

De hecho, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, y el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, discreparon públicamente sobre el alza de la energía. Según la eléctrica, Sidenor ha llevado a cabo una subida de los precios del acero de forma «desproporcionadamente inexplicable» y que no corresponde con el encarecimiento de la energía.

Por su parte, la siderúrgica respondió que contrataba el 90% su energía en el mercado mayorista, que actualmente vive una espiral alcista de precios, y que no había recibido ninguna oferta de Iberdrola que le permitiera «hacer frente a dicha evolución negativa».

Sidenor no es cliente de Ibedrola

Iberdrola, de la que no es cliente Sidenor, asegura que le ofertó en su momento un contrato a diez años con un precio de 40 euros el megavatio hora (MWh). La siderúrgica declinó la propuesta. Ahora, la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (AEGE) ha salido en defensa de su presidente y también presidente de Sidenor mostrando su «más enérgica repulsa» por «el trato injustificado y sin precedentes» que Jainaga ha recibido por parte de la eléctrica.

Además, la patronal de los electrointensivos subraya que al presidente de Sidenor «le avala una carrera de casi 45 años en la industria, desarrollada con seriedad, profesionalidad y en el más estricto respeto de los principios éticos».

Por su parte, la patronal siderúrgica, Unesid, también ha salido en defensa de Jainaga, en tanto que es su vicepresidente. Resalta en un comunicado que, a diferencia de los mercados energéticos, sometidos a regulación, el mercado siderúrgico es un mercado libre y abierto, con aranceles cero en la Unión Europea, y en el que cualquier operador puede elegir libremente su suministrador en cualquier parte del mundo.

La asociación califica de «graves ataques personales» las acusaciones que ha recibido Jainaga «por parte de una compañía eléctrica», haciendo referencia a Iberdrola.

Contrato con Tubos Reunidos

Iberdrola se comprometió a mantener el precio del MWh a sus clientes industriales si el Gobierno daba marcha atrás en el decretazo de la luz, no antes sin amenazar con revisar contratos e incluso con replantear inversiones en España. De hecho, Sánchez Galán fue el directivo que tomó una postura más dura contra el Ejecutivo en comparación con el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Tras esto, Iberdrola ha cerrado un acuerdo con Tubos Reunidos por el que la compañía energética se compromete a no variar los precios eléctricos fijos pactados para no afectar a la competitividad de grupo industrial con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando, no se produzcan subastas de energía primaria.

Según Iberdrola, en lo que va de año, por «el hecho de mantener los precios pactados con la industria, a pesar del incremento del precio de la electricidad, ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros». Ahora, con este acuerdo, Tubos Reunidos, con sede en Amurrio (Álava), evita las variaciones del precio eléctrico en el mercado mayorista hasta final de 2023 y se asegura cierta estabilidad en su producción.

El presidente de Iberdrola saca pecho con números asegurando que su compañía aporta 3.700 millones de euros en impuestos, genera 85.000 puestos de trabajo en España y contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro. El grupo prevé invertir  150.000 millones de euros hasta 2030 en descarbonización.

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