Un 'error' en la reforma de las pensiones permitirá ganar 1.500 euros al año por jubilarse un día más tarde

Si no se introducen cambios en el proceso de tramitación parlamentaria de la primera fase de la reforma de las pensiones, algunos jubilados anticipados cobrarán 1.500 euros más durante toda su vida por sólo 24 horas de diferencia en la fecha de su retiro, como han detectado los expertos consultados por THE OBJECTIVE tras proceder a un exhaustivo examen del Proyecto de Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de Otras Medidas de Refuerzo de la Sostenibilidad Financiera y Social del Sistema Público de Pensiones.

Los expertos reiteran la dificultad que implica confeccionar una reforma de las pensiones justa y equitativa, uno de los desafíos con los que han topado todos los Gobiernos que las han acometido. No sólo supone un reto en términos de proporcionalidad entre generaciones, explica el profesor del CEF Juan Fernando Robles, sino también en el objetivo de dar una cobertura equilibrada a toda la casuística que se presenta a las puertas de la jubilación.

Pues bien, en la primera fase de la reforma de pensiones que capitanea el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, actualmente en tramitación parlamentaria, se ha colado un párrafo que precisamente trata con desigualdad la situación de las jubilaciones anticipadas, de tal modo que, conforme a la letra de la ley, una persona que se retire por jubilación anticipada por voluntad del trabajador el 31 de diciembre de 2021 cobrará de pensión 1.516 euros menos anuales, durante toda su vida, que quien lo haga el día después, el 1 de enero de 2022. 

Un trabajador que adelante voluntariamente su jubilación dos años y practique su retiro el último día de este año, habiendo cotizado por la base máxima, cobrará 36.388 euros anuales de jubilación: la pensión máxima menos una reducción del 4%, derivada del descuento de un 0,5% por cada trimestre de anticipación. Mientras que si esa misma persona inicia su retiro anticipado una día después, el 1 de enero del año próximo, cobrará al menos 37.904 euros al año: la pensión máxima sin reducción, ya que el texto en tramitación, inadvertidamente, suspende dicha regla de reducción en 2022 y 2023 sin sustituirla por ninguna otra durante ese periodo.

«Este sinsentido podría aún repararse por vía de enmienda al proyecto de ley, pero está por ver si se hará en lo que parece un temor reverencial del Gobierno a retocar lo negociado con los agentes sociales, gazapos incluidos», sostiene Antonio Méndez Baiges, abogado en Mercer y miembro de la Organización de Consultores de Pensiones, Ocopen.

Esta incongruencia surge de la combinación de dos preceptos del texto normativo. Concretamente del artículo 210.3 y de la disposición transitoria 34. 2.

Los coeficientes reductores del 0,5% por cada trimestre de anticipación que rigen en la actualidad en virtud del artículo 210.3 dejarán de aplicarse hasta enero de 2024, a tenor del cuadro recogido en la disposición transitoria 34.2 que sólo establece nuevos coeficientes reductores para carreras de cotizaciones inferiores a 38 años y seis meses a partir de 2024, lo que provoca que quienes ahora decidan retirarse en esa fase de su vida laboral afronten una rebaja de su paga que no afectará a quienes adelanten su retiro durante los dos años siguientes. La disposición transitoria citada, además, prevé una aplicación paulatina de coeficientes reductores a partir de 2024 que nuevamente redunda en un diferente trato a los pensionistas afectados por jubilaciones adelantadas.

Esto sucede además, explican fuentes patronales, cuando muchas personas próximas a la jubilación la adelantan por temor a futuros recortes.

Méndez Baiges llama la atención sobre esta situación en orden a que la responsabilidad de los partidos permita que sea subsanada mediante enmienda en el último tramo de la tramitación.

Esta primera fase de la reforma de las pensiones, pactada por el Gobierno con los agentes sociales, ha de estar concluida antes de que acabe el año para que se materialice su entrada en vigor el 1 de enero de 2022, tal como se ha comprometido con la Unión Europea.

Básicamente el primer tramo de medidas que han sido diseñadas por el departamento de Escrivá recoge la vuelta a la revalorización de las pagas con la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo, incentiva la aproximación de la edad efectiva media de retiro a la edad legal, consagra el traslado de los llamados gastos impropios -no contributivos- de la caja de la Seguridad Social a los Presupuestos y será continuada más adelante con la creación del llamado superando público de pensiones, destinado a acercar los planes de pensiones de empleo a las pymes y los autónomos. Además, y vía enmienda, el Gobierno ha introducido una subida de cotizaciones de 0,6 puntos bajo el marco del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituirá al nunca aplicado Factor de Sostenibilidad (FS) definido en la reforma que realizó el PP en 2013.

De este modo, para el año que viene al Gobierno le quedará definir medidas para destopar las cotizaciones con un alza correlativa de la pensión máxima y una prevista elevación del periodo de años que computan para calcular la pensión, que se prevé pase de 25 a 35 años. Esta última pretensión del Gobierno, que según sus propios cálculos supone un recorte medio del 6,3% en las pagas, ha encontrado un fuerte rechazo de los sindicatos que anuncia arduos meses de negociaciones debido al consenso que exige cualquier modificación del marco de las pensiones.