Prorrogan seis meses la causa en la que Anticorrupción busca imputar a Aguirre
La juez ha aceptado la petición de la Fiscalía de ampliar la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Hospital Puerta de Hierro en 2008
El Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid ha aceptado la petición de la fiscalía Anticorrupción de ampliar durante seis meses la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Hospital Puerta de Hierro en el año 2008. Una causa en la que el Ministerio Fiscal trata de lograr la imputación de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre por presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez Mónica Aguirre ha aceptado la petición del Ministerio Fiscal de prorrogar durante medio año la causa que investiga si la drástica reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) pudo suponer un quebranto económico al erario público superior a diez millones de euros.
Anticorrupción se quedaba sin tiempo. El próximo 16 de diciembre se cumple un año desde la apertura de la instrucción. No se hubiesen podido practicar nuevas diligencias más allá de esa fecha si no se acordaba prorrogar la investigación. La Fiscalía presentó recientemente un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la magistrada de rechazar la imputación de Esperanza Aguirre y de otros exaltos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos el que fuese Consejero de Sanidad Juan José Güemes.
Para que la Audiencia Provincial pueda resolver el recurso de apelación presentado por Anticorrupción en las próximas semanas, sin que se agote la instrucción, era imprescindible prorrogar la investigación. Se da la paradoja de que hace poco más de cinco meses, el 9 de julio, la juez había preguntado a Anticorrupción si quería ampliar la investigación, y el fiscal Jorge Andújar contestó entonces diciendo que consideraba «prematuro» prorrogar la instrucción.
Anticorrupción estrecha el cerco
El 22 de noviembre, como adelantó este diario, el Ministerio Fiscal se revolvió contra la juez y presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la magistrada de negarse a citar a declarar como investigados a Aguirre, Güemes y la exviceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid Ana Sánchez Fernández.
En el recurso, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el fiscal Jorge Andújar niega que la solicitud de citar como investigada a Esperanza Aguirre se deba a «la mera ostentación del cargo» de presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se modificó el contrato de concesión de obra pública de construcción y explotación del mencionado hospital. La juez había reprochado al fiscal que no hubiese aportado la orden de la Dirección General de Infraestructuras, de 5 de mayo de 2008, por la cual las 135 habitaciones del Hospital pasaron de ser dobles a individuales.
La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid, además, entendía que el hecho de que Aguirre y Güemes fueran «los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008 no justifica la atribución de la condición de investigados». La juez también entendió que de la declaración prestada por la única persona investigada hasta entonces en la causa, la ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios Elena de Mingo, no se desprende que la orden sobre la reducción de camas procediera directamente desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
El fiscal insiste en imputar a Aguirre
No obstante, en su recurso de apelación, el fiscal asegura que en hasta tres ocasiones ha solicitado al Gobierno madrileño que entregue la orden habilitante dada para la reducción de camas en el Hospital Puerta de Hierro, sin que el Ejecutivo regional haya accedido a su petición. Además, contesta de forma contundente a la magistrada, para insistir en su solicitud de citar en calidad de investigada a la expresidenta madrileña. «A criterio del Ministerio Fiscal, Esperanza Aguirre debe comparecer en sede judicial asistida de todos sus derechos constitucionales», indica el fiscal en su escrito.
«No se interesa su declaración en calidad de investigada por el mero hecho de ser presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos ya que, según consta en el único documento remitido por la propia Comunidad de Madrid justificante de la presunta prevaricación, el modificado de facto fue materializado a requerimiento de la misma. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido públicamente su responsabilidad en la decisión cuya legalidad es objeto de investigación», señala el fiscal.
La última palabra sobre la imputación o no de Esperanza Aguirre la tendrá en la Audiencia Provincial de Madrid, que estudiará en las próximas semanas el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Por el momento, la instrucción de la causa queda ampliada hasta el 16 de julio de 2022.
