El constitucionalismo civil catalán lidera la defensa del castellano ante la pasividad del Gobierno
Societat Civil Catalana insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a obligar a ejecutar las sentencias a través de la Abogacía del Estado. Otras entidades también recurren a la justicia por campañas de acoso nacionalistas
Societat Civil Catalana
El constitucionalismo civil catalán, agrupado en entidades como Societat Civil Catalana o la Asamblea por una Escuela Bilingüe, representa a día de hoy la única oposición al Gobierno de la Generalitat ante sus amagos de no cumplir con las sentencias judiciales que piden aplicar un 25% de castellano en las aulas catalanas. Este martes 7 de diciembre, la entidad presidida por Fernando Sánchez Costa se ha concentrado frente al Ministerio de Educación para exigir que el Gobierno haga cumplir las sentencias judiciales.
Fernando Sánchez Costa ha solicitado al Ministerio de Educación «que mande la ejecución de la sentencia», reivindicando la importancia de que este porcentaje mínimo de asignaturas en castellano «sea una realidad ya». Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez instó a la Generalitat a cumplir las sentencia, también defendió la inmersión lingüística como un modelo de «éxito» y mientras el Govern está dando apoyo a los padres que han llevado a cabo señalamientos contra las familias que quieren la educación en las dos lenguas, Moncloa mantiene prudencia en este asunto y se ha limitado, como el propio Govern, a condenar cualquier acto de acoso o violencia. El hecho de que ERC sea su socio parlamentario explica también esta posición de mínimos que ha obligado a las entidades constitucionalistas a ejercer de oposición al Govern y a movilizarse después de mucho tiempo sin apenas exhibiciones públicas.
En la concentración ante el Ministerio se han lanzado proyecciones en la fachada de mensajes como «¡25% ya!» o el logo de Societat Civil. Su presidente ha destacado que el 55% de los catalanes tiene «como lengua materna el castellano». Por ello, ha asegurado que es «totalmente incomprensible y que sólo se entiende desde el sectarismo y el supremacismo» que no se permita impartir dos asignaturas vehiculares en castellano.
Asimismo, ha afeado la política lingüística de la Generalitat alegando que «es contraria al sentido común, a la igualdad de oportunidades, a los preceptos y recomendaciones de la UNESCO y de la ONU, a los derechos cívicos y a las libertades».
«Ya es hora de que lleguemos de una vez a un acuerdo de convivencia lingüística en Cataluña y que se trate con normalidad en la escuela lo que es normal en las calles, el bilingüismo», ha apostillado.
Por su parte, la responsable de derechos lingüísticos de SCC, Ángela Herrero, ha incidido en que los alumnos «no salen preparados para decir que conocen el español», al tiempo que ha reclamado que es un derecho de los niños «para que no tengan una barrera más» al lado del resto de estudiantes.
Llamamiento al Gobierno
Finalmente, desde Societat Civil Catalana han destacado que es el Gobierno quien puede hacer ejecutar la sentencia a través de la Abogacía del Estado, por lo que han reforzado su petición al Ejecutivo «de cumplir y hacer cumplir» dichas sentencias. «Queremos nuestras dos lenguas queridas, el catalán y el castellano, en plena igualdad», han sostenido.
Esta actuación de SCC se produce el mismo día que el nacionalismo catalán ha llevado a cabo una campaña contra una familia de la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, que pidió clases en castellano. En este caso la entidad Hablamos Español ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del TSJC contra los autores de diversos mensajes que incitan al odio y a la violencia por razón de lengua.
En este sentido, la mayoría de acciones para defender a los ciudadanos de pie que defienden la educación bilingüe se están produciendo por parte de las entidades civiles. También la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que preside Ana Losada, está dando apoyo a todas aquellas familias que quieren que la Generalitat les garantice sus derechos de educar a sus hijos en ambas lenguas.
Después de la campaña en contra de la familia del niño de cinco años que quiere que su hijo reciba clases en ambos idiomas, se ha abierto la puerta a través de las redes sociales de apoyar una campaña de crowdfunding para ayudar a los padres víctimas del acoso que están recibiendo por parte de otros padres.
