Marlaska ha concedido 1.273 terceros grados en contra del criterio de los técnicos de prisiones

Desde 2018, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha concedido el tercer grado a 1.273 reos en contra del criterio de los técnicos de las juntas de tratamiento de las cárceles, según se desgrana de los datos facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Partido Popular y a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

En noviembre, los diputados del PP Cuca Gamarra, Javier y Martínez y Ana Belén Vázquez solicitaron por escrito al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska una auditoría de todos los terceros grados que Instituciones Penitenciarias (IIPP) había otorgado a los reos desde que Pedro Sánchez asumió el Gobierno de España. La petición se produjo pocos después de que, a finales de octubre, se conociese que el crimen de un niño de nueve años en Lardero (Logroño) había sido cometido por Francisco Javier Almeida, al que se le había concedido el régimen de semilibertad en contra del criterio de los técnicos de prisiones.

El reincidente disfrutaba de la libertad condicional en ese momento tras haber cumplido 22 de los 30 años de su condena por asesinar y agredir sexualmente a una agente inmobiliaria en 1998. Sobre él también pesaba otra condena de siete años de cárcel por agresión sexual en 1993. Esta última medida le fue concedida cuando gozaba del tercer grado penitenciario, en abril del pasado año, y estuvo avalada por juez de vigilancia penitenciaria de La Rioja e Instituciones Penitenciarias, pero no por la Junta de Tratamiento de la prisión. Razón por la que, tras es el suceso, el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz, fue el centro de todas las críticas, según denunciaron los sindicatos penitenciarios, «por tener a asesinos en la calle». 

Violencia de género

«Desde que llegó al Ministerio concedieron 18.691 terceros grados, 1.273 en contra de la junta de tratamiento… pero ojo, hasta con delitos sexuales y violencia de género», ha denunciado la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, en relación a los datos facilitados por Interior. De esos regímenes de semilibertad, según consta en la estadística, 37 se otorgaron a internos condenados por delitos de homicidio y 45 a aquellos que cometieron faltas de violencia de género y contra la libertad sexual.

En total, desde que Grande-Marlaska llegó al Ministerio del Interior, la Administración penitenciaria ha concedido casi 20.000 terceros grados, 18.691 con la connivencia de las junta de tratamiento de las prisiones españoles. La mayoría, a aquellos que cumplían pena por delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico (6.493) y contra la Salud Pública (5.800).

Un escenario en las cárceles que responde, según explican fuentes penitenciarias, a la «estrategia política» que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha ido implementando a lo largo de su mandato. Lo aseguró él mismo, hace poco más de un año, en una comparencia en el Congreso de los Diputados en la que explicó las grandes líneas de su proyecto: «Desde mi nombramiento como secretario general y con la llegada del equipo directivo, uno de los compromisos asumidos fue el de favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad». 

Y aportó datos. Ortiz explicó cómo la población reclusa «en medio abierto» había pasado de un 17,7% a un 20,5% desde que él estaba al frente de Prisiones. Se refería a aquellos internos que se encontraban en régimen de segundo o tercer grado.