La entidades a favor del bilingüismo piden que no se use a menores para criticar el 25% de castellano en las aulas
Escuela de Todos insta a Alta Inspección Educativa a abrir una investigación «sobre esta inadmisible instrumentalización de los centros educativos»
Fragmento de un vídeo en Valls de alumnos defeniendo la inmersión lingüística | Twitter
Escuela de Todos, la unión de las entidades constitucionalistas como Asamblea por una Escuela Bilingüe o Societat Civil Catalana que velan por el bilingüismo en las escuelas, ha salido al paso de los amagos de la Generalitat y de algunos consejos escolares de centros públicos de desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de dar un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano. En un comunicado enviado este miércoles, instan a Alta Inspección Educativa a abrir una investigación «sobre esta inadmisible instrumentalización de los centros educativos y que todas las autoridades implicadas tanto en la defensa de los trabajadores como de los menores adopten las medidas necesarias para poner fin a estas prácticas deleznables y para investigar las ya producidas».
La nueva plataforma considera que los manifiestos que critican la sentencia de la Justicia catalana del 16 de diciembre de 2020 y que «animan directamente a desobedecerla» tienen un contenido «claramente político y resulta de todo punto inapropiado que sean debatidos en órganos en los que participan alumnos menores de edad«. En algunos casos, prosiguen en su comunicado, por estudiantes»de no más de 10 años de edad». «Introducir a los niños en el contexto escolar en un debate político promovido por las autoridades públicas de las que depende el sistema educativo no puede ser calificado más que como adoctrinamiento y debería ser rechazado de manera directa y contundente», abundan.
En los últimos días, y al calor del debate lingüístico en las escuelas, algunos usuarios en Twitter han criticado el uso de menores para defender el modelo de inmersión lingüística. Como se observa en algunos de los vídeos, los niños leen un escrito que parece poco creíble que surja íntegramente por iniciativa propia. Algunas de las expresiones usadas, como «Ans al contrari», forman parte de un lenguaje académico y de poco uso práctico entre los catalanohablantes de a pie o entre menores.
Código deontológico del docente
Además, también recuerdan que un profesor no se puede ver obligado a compartir su ideología política: «Los profesores no han de verse obligados a manifestar su ideología en el marco laboral, y menos aún en reuniones en las que están presentes sus jefes directos (equipo directivo de los centros) y en las que pueden participar también miembros de la inspección educativa».
Es en este contexto que consideran «el debate y votación» de los manifiestos «una vulneración del derecho a la libertad ideológica, que incluye el de no manifestar ésta más que cuando así lo desea el individuo (art. 16.2 de la Constitución)». «Los profesores ya han visto conculcado ese derecho cuando han tenido que pronunciarse sobre una cuestión, el acatamiento a las sentencias judiciales, que no es legítimo que sea objeto de tratamiento en el ámbito laboral, en el que se incardinan los claustros de los centros educativos».
En la misma línea, también sostienen que «no puede ignorarse que el código deontológico de la profesión docente, además de vincularles con los alumnos, familias y compañeros, también obliga a los profesionales de la enseñanza a asumir y cumplir los deberes de ciudadanía, actuando con lealtad a la sociedad y a las instituciones en el marco de la Constitución española y la normativa vigente».
Este documento se publica después de que la Generalitat haya anunciado que ofrecerá defensa jurídica a los directores y equipo docente que decida desoír las sentencias judiciales. Hace apenas unas dos semanas, la Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona también criticó las llamadas a la desobediencia desde el poder público.
Según informa la Asamblea por una Escuela Bilingüe harán llegar este escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, así como a las cortes generales, al Parlamento catalán, al Defensor del Pueblo,
al Síndic de Greuges y a los presidentes del Parlamento y de la Comisión de la Unión Europea y al presidente del Consejo de Europa.
