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El Gobierno alerta del «riesgo de ataque terrorista» que corren los policías españoles en el Sahel

En la Estrategia de Seguridad Nacional, el Ejecutivo advierte del peligro que corren los agentes ante el avance del yihadismo en el África subsahariana

El Gobierno alerta del «riesgo de ataque terrorista» que corren los policías españoles en el Sahel

Soldados malienses reciben entrenamiento de la misión europea. | EUTM MALÍ

El Gobierno ha alertado por primera vez del «riesgo de ataque terrorista» que corren los agentes españoles destinados en el Sahel. La zona limítrofe entre el norte y el sur de África en la que avanzan de manera imparable las redes terroristas de Al Qaeda, habida cuenta de «la permanente crisis de gobernabilidad y la ausencia del Estado» que existe en los países que componen dicha región africana, según advierte el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.

Hace ocho meses, los ministerios de Exteriores e Interior pusieron en marcha en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) una iniciativa pionera en la lucha contra el terrorismo en África. Especialistas de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en concreto aquellos que habían combatido a ETA durante décadas, se desplazaron al Sahel para colaborar junto a agentes de las fuerzas de seguridad francesas y de los países locales en la lucha contra el yihadismo.

Desde entonces, las intervenciones telefónicas, el análisis de información, la inteligencia o los seguimientos han sido solo algunas de las técnicas que estos policías han utilizado para combatir a los grupos afines de Al Qaeda en el Sahel. No obstante, no son los únicos agentes españoles en la región africana: la Guardia Civil lidera otro proyecto complementario in situ con el que está formando a los ejércitos locales en prevención y adiestramiento militar, en colaboración con las gendarmerías de Francia, Italia y Portugal.

Frente a este equipo, los policías se centran en entrenar a los cuerpos policiales locales y en participar con estos últimos en investigaciones centradas en la actividad los grupos yihadistas en la zona. El objetivo de esta misión policial es frenar el avance de los terroristas en puntos clave con el fin de que no amplíen su poder en la zona norte del continente y se conviertan en una amenaza mayor.

Los yihadistas ganan terreno

En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, el Gobierno asegura que mantendrá «el apoyo a las iniciativas de seguridad internacionales y regionales, así como su compromiso con las misiones civiles y militares» de la Unión Europea en África subsahariana. En este sentido, pone especial énfasis en el Sahel, donde «la permanente crisis de gobernabilidad y la ausencia del Estado en grandes espacios de soberanía se suman a emergencias humanitarias por desastres naturales o por los efectos adversos del cambio climático».

Lo que ha dado pie a despertar «amenazas latentes como el terrorismo yihadista, numerosos conflictos intercomunitarios o los tráficos ilícitos». Factores de inestabilidad que, advierten, se extienden de manera imparable «hacia los países costeros de África occidental y norte de África». No obstante, lo que más preocupa al Ejecutivo es cómo las redes terroristas en el Sahel, Magreb y Oriente Medio, «pueden suponer una amenaza sobre España» y un riesgo de ataque «sobre individuos e intereses nacionales en estas regiones». En otras palabras, sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad el estado que luchan en el terreno contra Al Qaeda.

Dentro de las fronteras de España, apuntan en la Estrategia Nacional, el modus operandi yihadista sigue siendo el mismo: «La principal amenaza proviene de individuos que han nacido o crecido en países occidentales que, tras ser radicalizadas, atacan en su propia área de residencia». Aunque el posible retorno de personas desplazadas a zonas de conflicto para apoyar a los grupos terroristas, alertan, también supone un «riesgo significativo». Razón por la que el Gobierno ve necesario fortalecer «la cooperación y colaboración en materia antiterrorista y judicial, no solo entre los Estados miembros de la Unión Europea, sino también con terceros países, bajo un enfoque multidisciplinar».

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