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Ayuso ultima una calculadora para que los madrileños sepan dónde van sus impuestos

La presidenta regional prepara una herramienta «muy innovadora» que se activará en febrero pero sin coincidir con la campaña del 13-F en Castilla y León

Ayuso ultima una calculadora para que los madrileños sepan dónde van sus impuestos

Isabel Díaz Ayuso | Eduardo Parra (EP)

Isabel Díaz Ayuso prepara el lanzamiento de una calculadora de impuestos en la web oficial de la Comunidad de Madrid para que los ciudadanos empadronados en su región sepan en qué partidas de la administración autonómica «se va el dinero que con tanto esfuerzo declaran».

La mandataria se ha comprometido a que esta iniciativa «novedosa» a nivel autonómico esté en marcha en febrero. Fuentes del Ejecutivo madrileño consultadas por THE OBJECTIVE subrayan que será una herramienta «muy innovadora» pero desligan este proyecto de las elecciones del 13-F en Castilla y León, por lo que ven «improbable» que se lance en plena campaña electoral. «La calculadora tiene como objetivo informar a los contribuyentes del destino final de los impuestos que pagan, qué va a financiar servicios públicos de la Comunidad de Madrid, como medida de transparencia», inciden.

Ayuso ya puso en marcha una iniciativa parecida durante la campaña electoral del 4-M. En la web www.yoconayuso.es se insertó una calculadora de impuestos en la que se comparaban las cargas fiscales de una persona que vive en Madrid con las de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. «Imagina que vivieras en una comunidad autónoma con Gobierno de PSOE y PODEMOS, y calcula cuánto te ahorras en IRPF por ser madrileño», se indicaba a modo de reclamo en esa página creada por el PP para los comicios y que aún sigue abierta al público.

En esa especie de ‘app’ se ofrecía la posibilidad de incluir la edad del contribuyente, los ingresos íntegros anuales, el tipo de declaración fiscal y si la persona tenía a su cargo menores de 3 años o descendientes deducibles. La comparativa con otras regiones sólo incluían a las ocho gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana. «Es muy sencillo. Tú pones cuánto pagas de renta, los hijos, etcétera, y te dice, dependiendo y comparando con la comunidad autónoma socialista que elijas, cuántos impuestos pagarías o están pagando», detalló la entonces candidata de los populares a los comicios del 4-M.

El Ejecutivo madrileño ha aprobado en los últimos meses varias iniciativas en materia de tasas, como la reducción de medio punto en todos los tramos del IRPF junto con la eliminación de todos los impuestos propios, siendo Madrid «la única región libre de estos».

Las nuevas leyes de Ayuso

Ayuso indicó el lunes en un desayuno informativo que próximamente se iniciarán los trámites para aprobar la ley de Autonomía Financiara, la ley de Mercado Abierto y el aumento de la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para tíos, sobrinos y hermanos.

La presidenta madrileña también aprovechó el inicio del curso político tras las vacaciones navideñas para afear a los grupos de izquierda de la oposición -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- que se dediquen a criticar «por sistema» todo lo que hace el Gobierno regional, como el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocido como ‘ley ómnnibus‘.

«Se oponen frontalmente a esta ley como a casi todo lo que presenta el PP. El PSOE no está en condiciones de dar lecciones sobre control parlamentario cuando utiliza el mismo en el Congreso y con incomparecencias, sin debate del Estado de la Nación» en el Congreso de los Diputados, sostuvo Ayuso.

Esta normativa tiene por objeto la activación de la economía y el empleo, y su medida número tres, denominada ‘Simplificación normativa en el ámbito de la Comunidad de Madrid y reducción de los trámites burocráticos’, persigue la realización de una evaluación de la normativa de la Comunidad de Madrid a fin de proceder a su actualización, simplificación o derogación, en los casos que generen cargas innecesarias, contengan duplicidades o necesiten una mayor claridad en su redacción, reforzándose con ello el principio de seguridad jurídica y la reducción y simplificación de trámites, ganando en agilidad y eficacia, según Europa Press.

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