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Algunas Comunidades Autónomas permiten cazar durante el estado de alarma

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Foto: @sebastianpoc | Unsplash

Algunas comunidades autónomas como Galicia o Asturias están permitiendo cazar durante el estado de alarma decretado por el Gobierno "con la excusa de daños a la agricultura". Hasta hace pocos días, Castilla y León también se sumaba a esta lista, pero ya ha rectificado.

Así lo denuncia la organización Ecologistas en Acción, que asegura que la caza "es una actividad de ocio, económica y no de primera necesidad" y añaden que "tampoco forma parte de la actividad agraria, como ha pretendido argumentar la Junta de Castilla y León".

Castilla y León autorizó la práctica de la caza "en determinadas condiciones" durante el confinamiento de la población con motivo de la pandemia por coronavirus, pero después rectificó a raíz de la reacción social y las acertadas alegaciones de los agentes forestales.

Ecologistas en Acción argumenta además que "las autorizaciones excepcionales que se dan a los cazadores por presuntos daños en los cultivos o en las explotaciones ganaderas se han convertido en algo sistemático que ha generado un nuevo negocio, al margen de la temporada regular de caza que acaba de terminar".

A juicio de la organización, la caza "no sirve para controlar poblaciones ni para evitar daños a la agricultura y la ganadería" y por ello reclaman que se realice "un análisis objetivo y riguroso del problema" con soluciones a largo plazo "basadas en la gestión del hábitat y en la autoprotección de las explotaciones".

También recuerdan que los agentes medioambientales y forestales, "son un personal escaso, que debiera poder atender asuntos más importantes que vigilar cazadores " y aseguran que carecen "de equipos apropiados para intervenir armas, denunciar o detener infractores en caso necesario".

Por todo ello, la organización reclama que Galicia y Asturias "u otros territorios que las puedan tener, retiren las normas, circulares o instrucciones que permiten la caza en los momentos actuales" o que, en su defecto, el Gobierno central "retire las normas ilegales y denuncie judicialmente a los responsables de su aprobación".