Sánchez se gastará en precampaña los últimos 24.000 millones de fondos europeos asignados

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de este martes el límite de gasto no financiero del Estado para 2023, que asciende a 198.221 millones de euros, constituyendo el mayor techo de gasto de la historia de España. Según ha confirmado el Ministerio de Hacienda esta cifra incluirá 23.840 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia -los fondos europeos Next Generation– y de 1.316 millones del fondo REACT-EU.

Esto supone que, según estas cifras, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se incluirá la última partida de fondos europeos Next Generation correspondientes a ayudas directas, las que no deben ser devueltas ni por España, ni por sus beneficiarios. En los PGE de 2021 ya se incluyeron 28.246 millones y en 2022 otros 25.156 millones.

Da la casualidad de que el tramo final de los 70.000 millones en ayudas aprobados en verano de 2020 para nuestro país, se gastarán en el último año de legislatura del actual Gobierno, un año en el que además se producirá el mayor gasto público de la historia. En términos presupuestarios, Sánchez habrá gastado en tres años -el 75% de su legislatura- todos los fondos UE asignados hasta el momento.

Aumento del gasto

Una estrategia que confirma las informaciones que ya ha venido publicando THE OBJECTIVE que apuntaban a que Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición esperan regar de fondos europeos, nuevos Perte y gasto público los últimos 18 meses de legislatura, como una manera de atenuar el impacto electoral y así asegurarse la reelección a finales de 2023.

Estos nuevos datos confirman las informaciones publicadas por este diario, indicando que en el año 2023 se espera aumentar el gasto para compensar el descontento social por la ralentización económica, la subida de los precios y el empeoramiento generalizado de la situación financiera de los hogares y las empresas. Una estrategia que se complementa con la negativa del Gobierno de realizar los ajustes que previsiblemente Bruselas les pedirá a partir del próximo año para contener el elevado volumen de gasto.

La previsión del Gobierno es que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022. Del mismo modo, se prevé cerrar la deuda pública en el 115,2% del PIB en 2022 y en el 112,4% del PIB en 2023. Sin embargo, a finales de mayo la Comisión Europea ya advirtió a España que nuestro endeudamiento excede «los niveles de prudencia» y tienen «una relevancia transfronteriza», lo que significa que puede tener consecuencias en el resto de los países de la zona euro.

Ejecución de los fondos UE

Para ‘engordar’ el abultado gasto del próximo año, el Gobierno ha tirado de los 7.700 millones extra que la Unión Europea le concedió hace algunas semanas por ser el país que más tarde se está recuperando de los efectos económicos de la pandemia. Realmente le quedaban por gastar 16.600 millones, pero a ellos le han sumado in extremis estos recursos aprobados adicionalmente.

Una velocidad de crucero de asignación, pero no de ejecución de los fondos. El Gobierno reconoció en su último informe de ejecución de los Next Generation que tiene obligaciones reconocidas por valor de 3.109,4 millones de euros, lo que supone apenas el 11% de los 28.246 millones comprometidos en los PGE de 2022. Del mismo modo, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hasta abril la Administración Central había realizado pagos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 1.587,24 millones, lo que supone apenas el 5,6% del total consignado.

Sin embargo, el Gobierno no renuncia a recibir más fondos y ya ha informado de que está preparando una adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia para pedir la aprobación de los 70.000 millones que quedan todavía por solicitar de los fondos europeos. La diferencia es que estos recursos corresponden en su totalidad a créditos y que, por tanto, deben ser devueltos.

Adenda al Plan de Recuperación

Para cumplir con este objetivo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, remitió el martes cartas a los presidentes de los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas con el fin de fomentar su participación en la elaboración de la adenda al Plan de Recuperación que presentará el Gobierno en el segundo semestre del año para los nuevos fondos.

La adenda reforzará el impacto del Plan de Recuperación a partir de 2023, e incluirá las reformas e inversiones que se van a financiar con cargo a los préstamos del mecanismo de los fondos europeos que corresponden a España, así como la asignación definitiva de transferencias a España, conocida el pasado 30 de junio, y las transferencias adicionales del proyecto de reglamento de REPowerEU. 

El objetivo es poder tener aprobada esta adenda antes de que finalice 2023 para poder incluir alguna partida en los PGE de 2023 y, por tanto, reforzar aún más la precampaña electoral. Esto supone que el actual techo de gasto podría verse reforzado con nuevos recursos de fondos europeos, aunque este punto no se aclarará hasta la presentación formal de los Presupuestos que se espera para octubre o noviembre de este año.

Recorte en el PIB

En el caso de 2023, este gasto récord coincide con el recorte en la previsión en el crecimiento del PIB para el año 2023. El escenario macroeconómico fue modificado este martes por el Ministerio de Asuntos Económicos, recortando en ocho décimas la previsión, desde el 3,5% anterior hasta el actual 2,7%. Minutos después fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que rebajó hasta el 4% y el 2% su previsión de crecimiento para 2022 y 2023. Esto supone que España no recuperará su PIB prepandemia hasta el año 2024.

En esta línea, y para mitigar la caída del PIB, el Estado ha decidido disparar el gasto público con un techo superior en un 1,1% a 2022 y del 1,9% más -hasta los 173.065 millones- si no se incluye el efecto de los fondos europeos. Esto supone además que el consumo público suba un 2,2% desde el 0,9% que se elevó en 2022. Ello, para compensar el menor crecimiento del consumo privado que será del 2,5%, menor que el 3% de este año.