Clamor para que los trabajadores puedan saber de antemano qué pensión les quedará
Una ley conmina desde 2011 a comunicar a los trabajadores el importe tentativo de su pensión futura, pero no se ha logrado todavía
El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama; el secretario de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo; y la profesora de la UNED e investigadora de Funcas Elisa Chuliá. | APIE
Tras el discurso del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este jueves en Madrid durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) a las que asistió THE OBJECTIVE, una mesa de debate en la que estaba representada la patronal del ahorro a largo plazo, Inverco, los sindicatos y la Universidad, reclamó al Gobierno por unanimidad el cumplimiento del compromiso legal a través del cual una ley de 2011 conmina a comunicar a los trabajadores el importe tentativo de su pensión futura, de modo que estos puedan planificar su ahorro para complementar la jubilación pública.
En este sentido se pronunció el presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, durante el debate posterior a la intervención del ministro.
Dicha comunicación -conocida a escala internacional como la carta naranja– no se ha enviado a los trabajadores españoles aunque así lo indique una normativa de 2011, y pese a estar certificada por el Pacto de Toledo su idoneidad para la concienciación de que es necesario un ahorro complementario, si bien pueden los cotizantes -desde 2015- obtener una proyección de su pensión en la página web de la Seguridad Social, como explica Martínez-Aldama, tras varios filtros y el uso de claves y autentificaciones.
Martínez-Aldama reclamó el cumplimiento de esta obligación, desoída por todos los gobiernos desde su entrada en vigor, y que ayudaría al impulso de la previsión social complementaria y elevaría la capacidad de los trabajadores de atinar con el ahorro necesario para complementar su pensión pública futura con la obtenida a través de los canales privados, sean individuales (tercer pilar) o aportados de forma colectiva por los empresarios (segundo pilar).
Un comité independiente
También reclamó Martínez-Aldama la creación de un comité de expertos independientes -al margen de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y las mesas de negociación con patronal y sindicatos- para que las reformas que atañan a las pensiones, al margen de su carga política, se confeccionen teniendo en cuenta la opinión académica y los cálculos actuariales y proyecciones macroeconómicas a medio y largo plazo.
Explica el presidente de Inverco que en dos tercios de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de las grandes potencias mundiales, se tienen dos pensiones -una pública y una privada- y que de este modo se diversifican riesgos. Añade que España, en este aspecto, no camina en la dirección de las grandes economías del mundo y que el conocimiento de la futura pensión sería un acicate para las aportaciones a vehículos privados de ahorro.
En este sentido, la profesora de Sociología de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) e investigadora de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) Elisa Chuliá reclamó, de igual modo, transparencia informativa por parte del Gobierno y la consideración a ciertas áreas que se descuidan en las reformas de las pensiones, como el impulso a la natalidad que equilibre a futuro la proporción entre trabajadores y jubilados.
Ayuda para la planificación del ahorro
Desde la óptica de Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CCOO), se torna necesaria la advertencia de Martínez-Aldama en orden a que los trabajadores puedan planificar su ahorro a medio y largo plazo. No solo eso: Bravo considera que las dos partes de la reforma de las pensiones -la aprobada el año pasado y la que ha de entregarse a Europa antes del 31 de diciembre- habrían debido dividirse en dos partes de otra manera.
Reflexiona Bravo que todo lo que afecta al sistema público, la Seguridad Social, debería haberse integrado en la primera parte de la reforma, para de ese modo, durante 2022, haberse dedicado la segunda parte en exclusiva a la previsión complementaria: el ahorro privado necesario para complementar la pensión pública ante la proyección de que sea más exigua por el sobrecoste deparado por la jubilación de los baby-boomers, que ya comienza a engrosar el gasto en pensiones, y que se prevé que lo siga haciendo durante un lapso de 25 años, a partir de 2025.
Involución en el debate
Chuliá cree que en muchos aspectos España sigue sin avanzar en el debate sobre las pensiones públicas desde hace 30 años, y Bravo agrava su comentario explicando que realmente se ha producido una «involución» en el debate social en relación con las pensiones, llegándose a estar incluso peor que hace 30 años, porque algunos agentes hayan identificado los sistemas complementarios de ahorro como «el enemigo de la Seguridad Social».
Por su parte, Martínez-Aldama se queja de la merma de incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales y, en consonancia con Bravo, considera que el incentivo a los planes colectivos de empresa, impulsados por el Departamento que dirige Escrivá, no está reñido con el del ahorro individual.
El 60% de los partícipes mantienen sus aportaciones
