El Gobierno impugnará los acuerdos del Parlament sobre la desobediencia y la Guardia Civil
El Parlament aprobó una resolución en la que reivindica la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional” para defender “derechos civiles, políticos y sociales”
El Gobierno ha anunciado que está “estudiando” el contenido de las iniciativas aprobadas este jueves en el Parlament de Cataluña para “impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones”.
El Parlament aprobó el jueves una resolución en la que reivindica la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional” para defender “derechos civiles, políticos y sociales” y se vivieron escenas de tensión tras conocerse que el juez había decretado prisión para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos, a quienes la Fiscalía acusa de ultimar acciones terroristas de cara al próximo aniversario del 1-O.
Esta iniciativa aprobada, una resolución de la CUP que contó con el apoyo de JxCat y ERC y el voto en contra del PSC, el PPC y los comunes, también reivindica el 1-0 como un “referéndum legítimo y legal”.
El texto invoca resoluciones soberanistas previas que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional, lo que ha motivado las advertencias de los letrados.
Además, con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, el Parlament aprobó una resolución en la que se pide “la retirada” de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña, así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.
Otra de las resoluciones impulsadas por los independentistas[contexto id=»381726″] plantea una respuesta institucional a la sentencia del procés, que está previsto que se dé a conocer en octubre, que pase por el “ejercido del derecho a la autodeterminación” y por la petición de una “amnistía” si hay condenas.
El Gobierno, por su parte, cita todas estas resoluciones en un comunicado para advertir de que se está estudiando para actuar contra ellas e “impugnarlas y actuar jurídicamente”. Desde Moncloa recuerdan, sin embargo, que todavía no están publicadas oficialmente las resoluciones del Parlament que tiene intención de impugnar.
