El juez que requisó los móviles de periodistas por el caso Cursach se sentará en el banquillo

El tribunal ha abierto también un juicio oral contra el Estado como responsable civil subsidiario

Por: The Objective

Mundo ethos
El juez que requisó los móviles de periodistas por el caso Cursach se sentará en el banquillo
Foto: The Objective

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado la apertura de juicio oral contra el juez Miguel Florit por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de los teléfonos móviles de periodistas y el control de sus comunicaciones en el marco del caso Cursach.

Además, el tribunal ha abierto juicio oral contra el Estado como responsable civil subsidiario y ha fijado una fianza para el juez de 60.166 euros con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran haber en la causa.

Para establecer esta fianza, la jueza Felisa Vidal ha descartado tener en cuenta la petición de 30.000 euros por daños morales que formula uno de los periodistas que acusa al juez, porque el escrito de acusación no ofrece “un parámetro objetivo o base alguna de los que dicha cantidad resultare deductible” en términos de cuantificación de los días de baja o las posibles secuelas.

La jueza considera que no es posible incluir esa responsabilidad civil para fijar la fianza, pero sí las cuantías que piden las acusaciones como multa, que ascienden a 43.200 euros, a lo que suma la estimación de unos 2.000 euros por las posibles costas y un tercio más como estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los periodistas y entidades que acusan al juez piden 42 años de inhabilitación por prevaricación, un delito contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del secreto profesional y el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de las comunicaciones. Las acusaciones son la editora de Diario de Mallorca, los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, la Agencia EFE, Europa Press, y la Asociación de Medios de la Información.

En el auto judicial, la magistrada asegura que de lo actuado «se infiere que los hechos investigados revisten los caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado», según informa Efe.

La jueza da diez días al acusado para que presente escrito de defensa y emplaza al abogado del Estado a personarse ante el tribunal en tres días para entregarle el escrito de acusación, las actuaciones y darle otros diez días para formular también escrito de defensa.