El Parlament aprueba crear una comisión de investigación sobre la monarquía

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El Parlament aprueba crear una comisión de investigación sobre la monarquía
Foto: QUIQUE GARCIA

El Parlamento catalán ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la monarquía. La propuesta, que ha sido impulsada por JxCatERC, los comunes y la CUP, ha sido impugnada por PSC, PP y Ciudadanos. La medida ha sido avalada por 71 votos a favor y 65 en contra, sin abstenciones.

La comisión buscará «investigar las actividades delictivas o irregulares de personas vinculadas a la Familia Real, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña tras el 1-O».

Asimismo, tiene el objetivo de abordar las «presuntas cuentas irregulares» de Juan Carlos I «en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas», a partir de las grabaciones de la amiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En esas grabaciones, ésta afirmaba que el anterior jefe del Estado tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca. 

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ya acordó el sobreseimiento provisional de la pieza Carol de la llamada Operación Tándem, que incluye las conversaciones de Corinna Zu Sayn-Wittegenstein y el comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre “unos actos que supuestamente había realizado Juan Carlos I siendo rey de España”.

Los comunes, encargados de defender el texto, han hurgado en que la Monarquía «no puede ser un cheque en blanco en un Estado democrático» y han apostado por poner la institución «bajo control democrático del Parlament».

La Fiscalía se opone a investigar a Juan Carlos I por las grabaciones de Corinna

La Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la querella que presentaron IU y el PCE contra el rey Juan Carlos por 13 delitos –como cohecho, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal–, basándose en las revelaciones que le hizo la amiga del monarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein al excomisario José Villarejo. «La pretensión de los querellantes de que se abra una investigación prospectiva en torno al querellado aforado, es absolutamente desaconsejable por no asentarse en ningún dato o indicio que pueda aportar una mínima base de fiabilidad», expone la Fiscalía en su escrito al Tribunal Supremo, que ahora debe decidir sobre la admisión o no de esta querella.

Las acusaciones que contiene se sustentan en las grabaciones realizadas por Villarejo a Corinna, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí. La querella también va dirigida contra Corinna y Villarejo, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga.

En la querella, los dos partidos sostienen que no puede haber ninguna inviolabilidad del rey que impida investigar posibles delitos. A este respecto, la Fiscalía destaca que la grabación en la que se basa la querella fue realizada en Londres cuando el rey emérito aún no había abdicado, por lo que los hechos denunciados habrían ocurrido en épocas en la que Juan Carlos I gozaba de la «inviolabilidad» personal que establece el artículo 56.3 de la Constitución.