Pablo de Lora

Amnistía total y amnesia selectiva

«La amnistía propiciada en octubre de 1977 fue un gesto de enorme generosidad de la sociedad española con terroristas»

Opinión

Amnistía total y amnesia selectiva
Foto: Bob Edme| AP
Pablo de Lora

Pablo de Lora

Profesor titular (acreditado a Catedrático) de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado recientemente 'Lo sexual es político (y jurídico)' en Alianza, Madrid, 2019.

En 1966, con motivo de cumplirse el trigésimo aniversario del inicio de la Guerra Civil y cinco años después de haber salido de la cárcel en la que había permanecido desde 1939, el poeta conocido como Marcos Ana (Fernando Macarro) escribía en Mundo Obrero una tribuna con el título «Ni vencedores ni vencidos: Amnistía para los dos campos» (número 15, julio). En ella se puede leer: «… las nuevas generaciones, la mayoría de los españoles, se buscan, dialogan entre ellos, se alejan del pasado y sopesan nuevos horizontes donde el ejercicio de la razón y la libertad suplan a la violencia y a la intolerancia, para convivir y contraponer pacífica y democráticamente sus ideas y facilitar el futuro político y social de España… Con la mayor responsabilidad histórica renunciamos a nuestra situación de máximos acreedores… Amnistía para nosotros, los que combatimos bajo las banderas de la República y todavía seguimos discriminados y perseguidos… Pero amnistía, también, para los que combatieron al lado de Franco y cometieron hechos punibles… Nosotros pedimos al pueblo… que luchen por esta amnistía que España necesita, no solo para reparar la injusticia presente y tachar el pasado… sino para coexistir sin recelos… Las nuevas generaciones que no conocieron la guerra… apoyarán… ese esfuerzo para dar fin a la discriminación de los españoles y desbrozar el camino hacia un régimen de libertades políticas del que nadie deber ser excluido por su pasado ni por sus ideas».

En una entrevista publicada en el diario El País el 6 de agosto de 1995, cuando arreciaban las acusaciones contra el Gobierno y la cúpula del PSOE por su implicación en la actividad terrorista de los GAL, el histórico dirigente del socialismo vasco Txiki Benegas descartaba la posibilidad de que todo acabara con una amnistía, una «ley de punto final». Lo hacía en los siguientes términos: «Ningún dirigente de ningún partido ha hablado de ley de punto final. En este país, la única ley de punto final que ha habido la hicimos en octubre de 1977 los demócratas para los franquistas. En ese año decidimos no pedir ninguna responsabilidad referida a los 40 años de dictadura, para intentar de una vez por todas la reconciliación».

El 14 de octubre de 1977 Txiki Benegas se estrenaba como parlamentario en el Congreso de los Diputados. Le correspondía defender la posición del grupo socialista al respecto de la ley de amnistía. Se trató, como es bien conocido, de una ley apoyada por todo el espectro político de la Cámara, excepción hecha de Alianza Popular, que se abstuvo. La petición de ser amnistiados los «presos políticos» era un clamor en muchos lugares de España, en especial en el País Vasco, donde el 1 de septiembre se habían manifestado más de 200.000 personas en su apoyo. El periódico El País, en su edición de 2 de septiembre, daba cuenta de que «Apala, Larena y Chívite» fueron los gritos más coreados pero también «ETA herría zuekin» («ETA, el pueblo está contigo»). ETA acumulaba ya en torno a los setenta asesinatos.

Regresemos a la mañana de ese viernes 14 de octubre de 1977. Benegas interviene tras la muy elocuente y ejemplarizante defensa de la reconciliación del diputado del Partido Comunista, Marcelino Camacho, una alocución plena del espíritu de Marcos Ana; el diputado Benegas se suma a su celebración reconciliatoria, pero igualmente pide «calma al pueblo vasco», porque, a su juicio, «la amnistía es total para nuestro pueblo». En ese sentido recuerda que la amnistía se extiende para todos los actos de «intencionalidad política» cualquiera que fuese su resultado cometidos hasta el 15 de junio de 1977 siempre que su móvil fuera el restablecimiento de las libertades públicas o de «reivindicación de autonomías de los pueblos de España» (artículo 1.1.b de la ley de amnistía). «Porque —añade— si aún quedara la duda, que quizá esté en la mente de algunos, referida a un hecho luctuoso y triste iniciado antes del 15 de junio y consumado con posterioridad a dicha fecha, el artículo 1º, apartado 1, a), contempla también esta hipótesis» (página 966 del Diario de Sesiones del Congreso de 14 de octubre de 1977). ¿A qué hecho, «triste y luctuoso», que también debería quedar cubierto por la amnistía, puede estar refiriéndose el diputado Benegas?

El 20 de mayo de 1977, en plena campaña electoral de las primeras elecciones democráticas en España tras la muerte de Franco, fue secuestrado el empresario Javier Ybarra, miembro de una legendaria estirpe vizcaína y que había sido alcalde de Bilbao amén de presidente de El Correo y El Diario Vasco. Mario Onaindía le describiría años después como la «cabeza pensante» de la burguesía de Neguri. El secuestro fue presuntamente ordenado por Miguel Ángel Apalategui («Apala»), detenido el 2 de junio en el sur de Francia mientras aún se negociaba el rescate de 1.000 millones de pesetas exigido por la banda terrorista, cantidad que nunca se pudo llegar a pagar. El 18 de junio ETA comunicó la «ejecución» de Ybarra y el día 22 fue hallado su cuerpo en el Alto de Barazar (Vizcaya). La descripción del estado en el que se encontró el cadáver espeluzna a cualquier persona de bien.

Desde su detención, «Apala» había sido confinado en la isla de Porquerolles a la espera de ser resuelta la petición de extradición formulada por las autoridades españolas por su implicación en el secuestro de Ybarra. Las manifestaciones pidiendo su libertad y las solicitudes de que Francia no accediera a su extradición (a lo que se sumó la Ejecutiva del Partido Socialista Vasco) se sucedieron durante todo el verano del 77. A finales de julio «Apala» inició una huelga de hambre en la prisión de Beaumettes. El semanario Cambio 16 titularía la información «Hambre de héroe» (número 300 de 11 de septiembre de 1977). El día 2 de agosto dio comienzo el juicio de extradición en Aix en Provence. En 1977. El año de la amnistía 40 años después (Fundación Iratzar, 2017, p. 129) se da cuenta de que varios representantes políticos se prestaron a declarar como testigos en favor del «refugiado vasco» y de su condición de «preso político». Entre ellos Txiki Benegas.

El 6 de septiembre «Apala» fue puesto en libertad provisional y el 2 de noviembre la Audiencia Nacional, tal y como había presagiado Benegas desde la tribuna de oradores, notificó su amnistía —también la del guerrillero de Cristo Rey Mariano Sánchez Covisa— por considerar que su presunta actividad criminal debía contarse desde el día del secuestro —anterior por tanto al 15 de junio— y no del asesinato (se trata, no como señalaba Benegas, de la aplicación del artículo 1º apartado II de la Ley de Amnistía). Desde el 21 de octubre hasta el 9 de diciembre salieron de las cárceles españolas todos los «presos vascos». Para entonces «Apala», junto con otros presuntos integrantes del comando que asesinó a Ybarra como el célebre Francisco Múgica Garmendía («Pakito»), se encontraba ya en paradero desconocido y presto a continuar su actividad criminal. El 16 de diciembre de 1977 ETA cometía su primer asesinato «post-amnistía», el del concejal de Irún Julio Martínez. El miembro del comando encargado de su vigilancia, José Ignacio Picabea (Piti), condenado a 33 años de cárcel, fue posteriormente elegido parlamentario vasco por Herri Batasuna. A Apala se le supone hoy viviendo en Cuba.

No, la memoria de Txiki Benegas, uno de tantos demócratas que pasó buena parte de su vida bajo la amenaza constante de sufrir un atentado, flaqueaba en 1995: la amnistía propiciada en octubre de 1977 fue también un gesto de enorme generosidad de la sociedad española con terroristas que, como se supo enseguida, no luchaban por la democracia (que poco a poco y a duras penas iba fraguando) sino por una revolución supuestamente proletaria que tendría como puerto de llegada la formación de un Estado independiente sobre bases etnicistas. Las instituciones españolas sí pusieron un punto final a un régimen dictatorial, y progresivamente campeó la democracia y el imperio de la ley; especialmente cuando fueron cometidos crímenes de Estado contra quienes persistieron en la barbarie terrorista durante tres décadas más.

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