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Anticorrupción paradójica

"Las sentencias castigan delitos muy graves, pero lejos de entenderse que el Estado funciona, se extiende la sensación de que nadamos en un fango de corrupción en el que todos están implicados y, por tanto, nadie es fiable"

Las condenas judiciales contra cargos públicos tienen un efecto paradójico: evidencian el éxito del Estado de derecho democrático al coste de debilitarlo por otros flancos. Lo vimos con la condena de la trama Gürtel, y posteriormente con las penas de malversación durante el procés y las más recientes de malversación y fraude en la causa de los ERE en Andalucía. Las sentencias castigan delitos muy graves, pero lejos de entenderse que el Estado funciona, se extiende la sensación de que nadamos en un fango de corrupción en el que todos están implicados y, por tanto, nadie es fiable. Tampoco los jueces. Crece así la anomia social.

La lucha contra la corrupción paga el precio de sacarla a flote. Un hecho que aleja a ciudadanos e instituciones al generarse un estado de ánimo de hastío y rechazo. Por eso los neofranquistas suelen decir que con Franco no había corrupción, cuando lo que no había era lucha contra la corrupción. Una paradoja que plantea un reto que la democracia y sus instituciones sigue sin saber abordar, menos aún en el nuevo ecosistema mediático, que agrava este problema.

No quiere esto decir que haya que llevar con sordina –ni mucho menos rebajar su ímpetu– la lucha contra la corrupción, todo lo contrario. Ayer conocimos, a través del informe “El estado global de la democracia 2019”, realizado por el centro IDEA Internacional, que somos la decimotercera “mejor democracia del mundo”. Un reconocimiento al que, entre otros muchos, se une periódicamente la Unidad de Inteligencia del semanario The Economist al calificarnos como una de las escasas “democracias plenas” del mundo. Una lista en la que nos encontramos por encima de Francia o, por supuesto, de la Bélgica de Puigdemont y compañía. Y si es así, es gracias, entre otras cosas, a que somos un Estado con procesos judiciales justos, imparciales y transparentes como los que condenaron al entorno del PP en la Gürtel, al del PSOE en los ERE, y a los nacionalistas catalanes en las causas del 3% y en la del procés en el Tribunal Supremo.

Causas recientes que no niegan la necesidad de reformar la justicia, mejorar la separación de poderes y acabar con inercias o modelos de nombramientos y promoción indeseables, pero que echan por tierra los discursos habituales que hablan impúdicamente de “fascist State”, o que comparan nuestro Estado de derecho con el autoritarismo neo-otomano de Erdogan o con la Rusia de Putin. Pero también niegan aquellos otros discursos que, desde el otro extremo, vienen a decir que, de buenos, somos tontos y que hace falta un golpe encima de la mesa.

Sin embargo, es demasiado gravoso el efecto corrosivo que se produce en la confianza de los ciudadanos en las instituciones cuando estalla un caso de corrupción. La lucha contra ella debe ser sin cuartel, pero siendo conscientes de que la clave está en los controles previos y la prevención, y que todo lo demás, siendo necesario e imperativo, no arregla ninguno de los problemas de fondo del desencanto democrático.

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