Manuel Arias Maldonado

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Manuel Arias Maldonado

Manuel Arias Maldonado

Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y colaborador habitual en prensa y medios culturales.

Si el servicio es gratis, el producto eres tú: así reza una de las normas más elementales de la economía digital. Sin embargo, a juzgar por el modo en que se ha recibido la noticia de que Cambridge Analytica tenía acceso a los datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook, se diría que la habíamos olvidado. ¡Escándalo, aquí se juega! Claro que se juega: jugamos todos. Otra cosa es que cuando la naturaleza del juego se hace explícita en la esfera pública, como ha sucedido, reparemos en ella y exijamos que cambien sus reglas. Así, también, funciona esto.

Las reacciones de los últimos días han mostrado, asimismo, qué difícil nos resulta desarrollar categorías nuevas para comprender los nuevos fenómenos. Seguimos pensando que la compilación de nuestros datos digitales -eso que Matthew Fuller llama «motas de identidad» en forma de likes, visitas a páginas web o adquisiciones en ellas- hace posible la construcción de un inmenso panóptico: una estructura de vigilancia que permite la observación ininterrumpida de la vida privada. En realidad, no es así: los algoritmos registran acciones digitales y no a las personas que las realizan. Aquí no hay nada que «ver» en sentido tradicional: pensar que un ingeniero de Wisconsin pueda estar interesado en nuestras conversaciones en el chat de los primos carnales demuestra un curioso narcisismo. No somos nadie: en un solo día se envían 55.000 millones de mensajes por whatsapp y se suben 350.000 millones de fotos a Facebook. Para los programas que rastrean la red, no hay identidades: solo datos en bruto de los que extraer patrones susceptibles de aprovechamiento comercial. A menudo, el resultado es que nos persigue por la pantalla del ordenador un vuelo a Estocolmo que consultamos una semana antes.

Bien está, sin embargo. Iba siendo hora de que se abordase la regulación pública de los datos personales en la era digital: el ciudadano debería poder decidir sobre ellos en mayor medida que hasta ahora y, sobre todo, ha de restringirse su uso en materias como la publicidad política o el ajuste «personalizado» de los precios ofertados en función de la capacidad adquisitiva del comprador. Si establecemos un paralelismo con el reinado de los célebres copper barons, los grandes monopolistas del ferrocarril y el petróleo que dominaban la economía norteamericana a finales del siglo XIX, podría decirse que a las grandes plataformas digitales les está llegando la hora del control público.

Aunque moderemos nuestro entusiasmo. También podría ser que, justo ahora que el uso desviado de Internet nos ha proporcionado una explicación inmejorable para todo aquello que nos disgusta, desde Trump al Brexit, todo siga más o menos como está después de la reforma digital y nos hayamos quedado, en cambio, sin la explicación.

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