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Cegados por electoralismo

Foto: Francisco Seco | AP

Antes de que se leyera la sentencia sobre el caso de La Manada, cinco meses después del juicio oral, ya había un clima de tensión y movilización. Las manifestaciones se convocaron sin esperar a los análisis y explicaciones de expertos. El juicio fue seguido con el amarillismo que acostumbran a hacerlo en los programas donde los escrúpulos desaparecen a cambio de aumentar la audiencia. También la prensa seria informó a diario de las declaraciones. Y hay quien vincula el seguimiento de las movilizaciones del 8 de marzo con eso, como si hubiera sido el golpe definitivo que hizo despertar conciencias. Lo que sí es cierto es que no se entiende el seguimiento de las manifestaciones en protesta por la sentencia sin las movilizaciones de los últimos meses de ola feminista.

Han pasado apenas cuatro días, pero los análisis se han multiplicado, ahora ya sí con la sentencia leída y explicada por expertos. Como proponía el magistrado Miguel Pasquau en Ctxt, “podríamos intentar ponernos de acuerdo en ajustar los tipos penales sobre la libertad sexual a una cultura más ampliamente compartida sobre el consentimiento de la mujer. De entrada, bien haríamos en llamar legalmente ‘violación’ a lo que casi todo el mundo entiende como violación: una penetración no querida por la víctima”. Porque parte de las reacciones y protestas en contra de la sentencia vienen de un malentendido, facilitado también por la prensa. Las primeras crónicas daban a entender que la sentencia negaba la violación, cuando de hecho, la condena por abuso sexual continuado reconocía lo que entendemos por violación. El lema de la movilización fue “Hermana, yo sí te creo”, como si el tribunal no lo hubiera hecho. Pero el caso es que sí la creen, dos de los tres jueces —el tercero emite el voto particular, duda y propone la absolución—.

Joaquim Bosch, magistrado y miembro de la asociación Jueces para la Democracia, ha explicado la sentencia, que el tribunal da por buena la versión de la víctima, y cómo, con la redacción actual del Código Penal, a su juicio, la condena por agresión sexual estaba contemplada. Su texto, como el de Pasquau, son ejemplos de cómo se puede discrepar de la sentencia sin necesidad de caer en el populismo ni la legislación en caliente. La magistrada Victoria Rosell, que también creía que los hechos probados habrían permitido la condena por agresión sexual, apuntaba la falta de formación de los jueces españoles —incluyéndose ella— en violencia sexual.

Este caso habría requerido de más altura de miras por parte de los representantes públicos, también de los opinadores, y del gobierno —que ha caído ya en el electoralismo—. Habría estado bien que alguien hubiera recordado que el español es un sistema garantista, que la sentencia será revisada por dos tribunales más que podrán corregir los errores, si los ha habido, del que leyó la sentencia el jueves. Nada de eso habría borrado la sensación desagradable hasta la arcada que se queda al imaginar una violación en grupo a una chica de dieciocho años, nada de eso habría conseguido borrar los recuerdos de las mujeres que cuentan sus experiencias desagradables, algunas terribles, con la etiqueta “cuéntalo”. Nada de eso habría servido para olvidar, ni habría resuelto el problema de fondo. Pero sí habría servido para no aumentar la desconfianza en las instituciones y no dejar el terreno abonado al populismo. Aún así, puede que, como escribe Bosch, el debate colectivo “nos sirva como reflexión para ir hacia una sociedad más justa, igualitaria y no discriminatoria”.

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