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Deshojar la política

"La capacidad de entendimiento y el diálogo permanente deben estar por encima de los intereses personales y partidistas para afrontar una agenda reformista en un Parlamento fraccionado"

Foto: Javier Lizon | EFE

El gobernador del Banco de España alerta de que la fragmentación política puede provocar algún tipo de «freno» a la hora de aprobar las reformas que necesita la economía. Nuestra democracia ha pasado del bipartidismo al multipartidismo. Un Parlamento fragmentado con débiles mayorías empeñadas en eso del “pan para hoy y hambre para mañana”. Las reformas cortoplacistas son eliminadas por los numerosos cambios de gobierno y volvemos a la casilla de salida sin haber aprendido nada. 

Es normal que exista preocupación por la (in)acción de gobierno. Cerrado el ciclo electoral y a falta de conocer si gobernará Pedro Sánchez y con quién, se abre la etapa más importante: la de producción legislativa. Es aquí donde se debe de centrar el debate y no en las camisetas reivindicativas que algunos llevan al Parlamento. 

La infantilización y el uso partidista de la política han impedido, en muchas ocasiones, la aprobación de reformas de calado con serios efectos para nuestros bolsillos. De hecho, estos tres últimos años batimos el récord con las cifras más bajas en producción de leyes desde 1970, según el informe que publica la CEOE. 

Según los últimos datos obtenidos del Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2018 se aprobaron 588 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 13,7%, si se comparan con las 517 normas que se adoptaron en 2017. No obstante, el registro de 2018 es uno de los más bajos de toda la serie histórica, solo comparable a los dos ejercicios precedentes, 2016 y 2017, así como al año 2012.

El telón de fondo que justificaría esta reciente menor producción normativa es una legislatura con un arco parlamentario bastante heterogéneo, a lo que hay que agregar, además, el cambio de gobierno que se produjo a principios de junio tras la moción de censura.

A la inestabilidad política se unen, entre otros factores, la obsolescencia de algunas normas: la innovación y las nuevas tecnologías avanzan más rápido que las leyes. La ausencia de un sistema eficaz de coordinación entre las Administraciones Públicas y la costosa transposición de la normativa europea, cuando añaden cargas administrativas, también bloquean el desarrollo de un marco regulatorio necesario para nuestro avance económico y tecnológico. 

Esta situación erosiona y desincentiva la productividad de las empresas que repercute directamente en la menor generación de riqueza y empleo. Desde la patronal y distintos organismos proponen mejorar la eficiencia y piden a los políticos una cierta estabilidad en el ordenamiento jurídico. Prohibido deshojar la política. Un día apruebo Madrid Central y al día siguiente lo quito y así sucesivamente.

Es necesario alejarse de las políticas oportunistas; de la dictadura del voto; de los vaivenes que desconciertan a los ciudadanos y las ocurrencias que desacreditan a los políticos. La capacidad de entendimiento y el diálogo permanente deben estar por encima de los intereses personales y partidistas para afrontar una agenda reformista en un Parlamento fraccionado. 

Para ello, se requieren estadistas que gobiernen pensando en las futuras generaciones; que ofrezcan proyectos de vida común con garantía de permanencia; que no utilicen el diálogo como arma arrojadiza; que ofrezcan una política de Estado, no de gobierno, alejada de populismos y demagogias donde el debate más importante no sea si es posible pactar con aquellos que rechazan la Constitución. 

No podemos perder de vista los próximos retos a los que nos enfrentamos como una reforma laboral que aborde la precariedad y el modelo productivo; avanzar hacia un nuevo modelo energético en favor de la responsabilidad medioambiental o la digitalización de la economía y los nuevos impuestos aplicados a nuevos servicios digitales.

Un Parlamento fraccionado no debería ser excusa para no acometer las reformas estructurales que nos exige la coyuntura. Los ciudadanos no esperamos que el gobierno sea infalible, sino que sea transparente; que se preocupe por el bienestar social y que responda de manera ágil y rápida ante las crisis que se le presentan.

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