Antonio García Maldonado

El despliegue público contra crisis privadas

La intervención de Electricaribe por parte de las autoridades colombianas es un ejemplo interesante de una de las debilidades empresariales españolas en su proceso de internacionalización, que además afecta a eso que hemos dado en llamar Marca España. La mala gestión privada se convierte en un problema público para el país de origen de la inversión, no sólo para el de destino. Pensemos en el deterioro internacional de la imagen de España tras el caso de Panamá y Sacyr, o el de OHL y el AVE a la Meca.

Opinión

El despliegue público contra crisis privadas
Foto: Francisco Seco
Antonio García Maldonado

Antonio García Maldonado

Edito, traduzco, analizo y escribo. Aspiro a un estoicismo beckettiano: "Fracasa de nuevo, fracasa mejor". Sureño.

La intervención de Electricaribe por parte de las autoridades colombianas es un ejemplo interesante de una de las debilidades empresariales españolas en su proceso de internacionalización, que además afecta a eso que hemos dado en llamar Marca España. La mala gestión privada se convierte en un problema público para el país de origen de la inversión, no sólo para el de destino. Pensemos en el deterioro internacional de la imagen de España tras el caso de Panamá y Sacyr, o el de OHL y el AVE a la Meca.

Las ayudas explícitas, discretas o directamente opacas que el Estado provee a muchas empresas en sus grandes inversiones se basan también en el Too Big to Fail, esto es, en el chantaje. Todo un país se convierte en rehén de decisiones corporativas erradas fruto bien de malas prácticas habituales (como la de acudir a concursos internacionales con precios artificialmente bajos) o bien de una pésima o inexistente gestión de la anticipación de riesgos. La diplomacia española lidia con demasiadas crisis privadas cuando ya se han convertido en problemas políticos de todos.

No es tanto que el gasto público de dinero y esfuerzo en estas crisis sea cuestionable –que lo es– sino que el Primo de Zumosol público entra cuando el daño ya está hecho y dejará cicatriz. Solo queda, por tanto, minimizarlos, no evitarlos. Y existe el coste de oportunidad: mientras el Estado saca las castañas del fuego a quienes no debe, deja de atender otras obligaciones que se le presuponen más propias. Habría que comenzar por endurecer y redefinir qué debe considerar el Estado de “intereses estratégico” cuando una compañía privada de las dimensiones de las que hablamos pide ayuda de forma pública, tácita u opaca.

En el caso Electricaribe, Colombia acusa a la filial de Gas Natural de no invertir en mejoras de un suministro malo y que ve peligrar. La empresa replica que los impagos de organismos públicos y clientes privados hacen inviables esas inversiones. ¿Quién tiene razón ante el próximo arbitraje del Banco Mundial? En parte, los dos. Gas Natural reclama 355 millones de euros a organismos públicos morosos, cifra que Colombia reduce a 50. Unos blanden contadores, otros, libros contables. ¿No sabía Gas Natural en qué región colombiana entraba? ¿Creyó en las cifras de los registros públicos y libros contables privados con los que estudió la operación? ¿Alguien con hilo directo con la empresa se dio un paseo en coche durante unos días por la zona para comprobar de primera mano que lo que se observaba concordaba con lo que se leía en los panfletos de los intermediarios? Cuesta imaginar a empresas estratégicas francesas cometiendo estos errores en África, o a las alemanas en el este de Europa, sus zonas naturales de influencia económica. En el contexto de la expansión internacional llevan décadas de ventaja en la recogida y utilización eficiente de información con unidades internas de inteligencia competitiva. Prevén y previenen más crisis. No se las endosan al Estado y a los contribuyentes.

La implicación de cualquier organismo público para ayudar en casos como los de Gas Natural en Colombia, Sacyr en Panamá, OHL en Arabia Saudí o Unión Fenosa en Nicaragua deberían ser objeto de debate e investigación natural en el Congreso de los Diputados, no con intención punitiva sino pedagógica sobre el valor de la información corporativa. Se trata también de prever y prevenir riesgos en vez de gestionar crisis que afectan a nuestra reputación como país. No se puede competir en una economía globalizada con algunas de las prácticas con las que lo hacen algunas grandes empresas españolas. Y si se puede, no se debe, porque afecta a las arcas y a la reputación pública de todos. Esta debería ser la tarea principal del Alto Comisionado para la Marca España. Un vistazo rápido a algunos Consejos de Administración de las grandes no ayuda a ser optimista.

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