Manuel Arias Maldonado

Dialéctica del tumulto

"Para casi todos, la protesta legítima es la propia; la del resto, no. O sea: unos tienen derecho a ocupar la calle y otros no lo tienen. ¿Por qué? Porque unos tienen buenos motivos y los demás no. ¡Así de sencillo!"

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Dialéctica del tumulto
Foto: Marcial Guillen
Manuel Arias Maldonado

Manuel Arias Maldonado

Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y colaborador habitual en prensa y medios culturales.

Este pasado fin de semana, la protesta organizada por Vox contra el gobierno en distintas ciudades españolas logró reunir a un número apreciable -seguramente magnificado por el periodismo- de manifestantes. Se insinúa así que la movilización del votante de derecha puede ser una nueva adición al largo ciclo tumultuario de la democracia española. Si el académico Sidney Tarrow habló célebremente de la «sociedad-movimiento» para ilustrar la normalización de la movilización colectiva en las últimas décadas, España sirve como inmejorable caso de estudio. Esto no es necesariamente una buena noticia, ya que las virtudes de la política extra-institucional dependen de su dosis: si es malo que nunca haya nadie en la calle, resulta preocupante que la calle siempre esté ocupada. Máxime cuando la protesta rara vez es en nuestro país un movimiento espontáneo de la sociedad civil; por lo general, la movilización colectiva es un instrumento de la estrategia de los partidos políticos.

¿Cuándo empezaron a llenarse de manifestantes las calles españolas? Si uno intenta atenerse a los hechos, que a buen seguro ya serán contestados por quienes tienen una distinta percepción de su secuencia, la oposición al gobierno empieza a pisar el asfalto con asiduidad -bajo la dirección de Zapatero- durante el segundo mandato de Aznar. Ahí tenemos el Prestige, la guerra de Iraq (un fenómeno transnacional) o el 11-M. No se puede decir que no cundiera el ejemplo: la oposición de centro-derecha salió también a la calle durante el gobierno socialista, de forma especialmente conspicua contra la legalización del matrimonio homosexual y la reforma del aborto. El siguiente hito en esta dinámica movilizadora es el 15-M, un peculiar movimiento que se ve obligado a adoptar la forma de la protesta antisistema por encontrarse gobernando la izquierda y no la derecha; en caso contrario, se habría articulado como una típica protesta antineoliberal y habría carecido de toda originalidad.

Bajo los gobiernos de Rajoy durante la recesión económica, junto a movilizaciones rutinarias de izquierda que siguen el manual de los tiempos de Zapatero (ahí están las manifestaciones por la muerte del pobre Excálibur), emergen dos novedades significativas. Por un lado, el nacionalismo catalán se hace soberanista y comienza una larga serie de manifestaciones, algunas festivas y otras no tanto, que logran un notable éxito a la hora de transmitir la idea de que el espacio público catalán es propiedad del independentismo, a pesar del éxito de la gran manifestación constitucionalista en Barcelona. Por otro, Podemos se apropia del llamado «espíritu del 15M» e importa los modos del populismo latinoamericano a la política española; fue entonces cuando aprendimos lo que era un escrache y vimos que a mucha gente le parecía bien que se rodeara un congreso democrático. Consolidado ya este modo de hacer política, hemos conocido hitos como la famosa manifestación de Colón contra las negociaciones entre el primer gobierno de Sánchez y los partidos independentistas; se sugería ahí que Vox traería consigo la última de las adiciones al canon tumultuario español. Es verdad que las caceroladas en esta crisis las empieza Podemos contra Felipe VI; y lo es también que el malestar contra el gobierno no parece limitarse a la derecha. Pero quienes se escandalizan con estas manifestaciones habrán de admitir que solo constituyen la extensión final de la vieja estrategia del desgaste callejero, que se puso pioneramente en práctica con la oposición a Aznar y ha sido objeto de imitaciones sucesivas. Es lógico: el éxito suele imitarse.

Naturalmente, nadie aceptará tal conclusión. Para casi todos, la protesta legítima es la propia; la del resto, no. O sea: unos tienen derecho a ocupar la calle y otros no lo tienen. ¿Por qué? Porque unos tienen buenos motivos y los demás no. ¡Así de sencillo! La falacia salta a la vista: ¿quién decide qué protestas están motivadas y cuáles no? Ese juicio se hará siempre a partir de una determinada perspectiva ideológica. Lo cierto es que si se respetan las reglas del juego democrático, la calle no es de nadie en particular. Otra cosa es que, como se ha dicho ya, esta generosa servidumbre de paso resulte deseable para el eficaz gobierno de una sociedad democrática. Porque no lo es: cada día que pasa estamos más cerca de la confrontación callejera entre los partidarios de fuerzas políticas distintas y cada vez es más improbable el diálogo entre los distintos bloques parlamentarios.

Que la derecha salga a la calle, como ha hecho este fin de semana, no soluciona nada. Sin embargo, es difícil encontrar argumentos para disuadir a sus convocantes: hasta ayer mismo, las movilizaciones independentistas eran saludadas por nuestro gobierno como un incentivo para montar mesas de diálogo y entablar negociaciones. Es tan evidente la contradicción, que quien lamente la deriva agonista de nuestra democracia debe condenar el recurso a la movilización callejera de todas las fuerzas políticas y no solamente de aquellas que le digustan por no ser las suyas. Así es el estandarte de las buenas maneras democráticas: si no se esgrime para todos, se convierte en una bandera de partido. Y de esas ya tenemos bastantes.

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