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Dos previas para la resolución del conflicto catalán

Foto: J.P.GANDUL | EFE

La pasada semana tuvo lugar un acontecimiento al que no se ha dado, a mi juicio, la magnitud que merece. Dos expresidentes del Gobierno de España, de signo distinto coincidieron en subrayar que los hechos del pasado otoño en Cataluña y las consecuencias de los mismos son el mayor problema que afronta actualmente España. No ha trascendido la lectura pertinente respecto a la afirmación: el tirón de orejas a la deriva del actual Gobierno de Pedro Sánchez, que si no ha desbaratado aún las palabras de González y Aznar es porque ha andado ocupado en deshacerse de los fuegos que le impiden seguir a toda costa en su empeño de gobierno bonito cuando las circunstancias no lo son tanto, o siquiera en absoluto.

Que el desafío separatista del nacionalismo catalán es el reto más importante que afronta la democracia española es evidente. Seguramente lo es sobre todo para los catalanes que cumplen un año inmersos en una crisis de convivencia sin precedentes y asisten atónitos estos días a la conmemoración que de la fractura social pretende hacer el actual Govern. Que Torra esté volcado en celebrar unas jornadas en las que la media Cataluña no nacionalista se sintió más humillada y apartada de la vida pública da pistas de cuáles son los mimbres del proyecto excluyente que siguen persiguiendo. Tampoco desde el punto de vista institucional están mejor las cosas, pues el parlamento catalán no es para el separatismo la cámara de representación del conjunto de los catalanes sino un instrumento del que valerse para su envite al Estado. No hay otra comunidad autónoma en la que los poderes democráticos actúen contra la democracia, que es lo que hace el nacionalismo aprovechándose de una mayoría parlamentaria para blandir como dique de contención ante la actuación de la Justicia.

La radiografía no puede ser más clara. La mayoría de catalanes son anulados del debate y el espacio público por parte de una administración instalada en el imposible designio de imponer una voluntad popular -que no existe, además- por encima de las garantías del sistema democrático que les sirve de altavoz. Ante esto, nadie debería renunciar a la exigencia básica que pasa por el reconocimiento explícito de una parte del conflicto que es la pluralidad de la población catalana que no aparece en los discursos de Torra y por el pulcro respeto a las consecuencias judiciales que toda democracia debe exigir a quienes han actuado en su menoscabo. Los partidos separatistas han trabajado intensamente contra esas dos premisas, que se resumen en la aprobación ilegal contra la mayoría de catalanes de unas leyes que pretendían dejar sin efecto la actuación de la Justicia española en Cataluña para hacer de la comunidad un territorio sin más ley que la arbitrariedad. Son dos ingredientes de populismo de manual, desproteger al pueblo en nombre del pueblo. 

Que se abandone esa senda es una petición obligada al gobierno catalán. Pero también al Gobierno de España si, como dice, quiere hallar una solución al conflicto. Existen motivos para descreer de las intenciones de Sánchez a ese respecto, pues parece como si la situación catalana fuera sólo uno de tantos temas engorrosos en su agenda y su único plan seguir ganando tiempo. Exactamente en el sentido contrario del que advierten González y Aznar. Pero tampoco los pasos del Ejecutivo socialista parecen encaminados a exigir a Torra lo esencial: ¿cómo van a plantear pulcro respecto a la Justicia si cada día hay algún ministro que cuestiona abiertamente las decisiones de los jueces españoles, curiosamente siempre en relación con los presos por el 1-O? Cuesta de imaginar, además, que Sánchez sea capaz de representar a los millones de catalanes que Torra ha renunciado a incluir en sus discursos, pues todas sus alusiones a Cataluña van destinadas a contemporizar con el sentimiento de agravio que han urdido los dirigentes nacionalistas más que con el agravio real que sufre la otra mitad.

La última muestra de esa asunción del relato nacionalista la daba el ministro José Luis Ábalos, que acudió a la anual Festa de la Rosa de los socialistas catalanes a culpabilizar a “la derecha” de todos los males que padece Cataluña. Cómo si existieran demasiadas diferencias entre esa afirmación y el relato separatista según el cual el villano no es sólo la derecha española sino toda España. En todo caso, Ábalos llegó a decir que “el Estado se ha independizado de Cataluña”, a modo de reproche al anterior gobierno, al que vino a acusar de no dejar otro remedio a Puigdemont que su huida hacia adelante. Desconozco si el ministro sabe que sus declaraciones imprudentes e irresponsables son una fuente de legitimación a los hechos de otoño que cometió el separatismo, que es lo mismo que verbalizó el presidente del Gobierno hace unas semanas en una respuesta a Rufián en el Congreso. Es falso: el separatismo siempre tuvo alternativa. Pudo elegir respetar a los catalanes y no lo hizo, y pudo elegir el marco legal y decidió suplantarlo. Sánchez no debería esperar a que vuelvan a demostrarlo ni mucho menos creer que su Gobierno es inmune a la retórica excluyente que el nacionalismo practica, por más que intente guiñarles un ojo dándoles algo más importante que cualquier competencia: la razón.

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