Economía política del bulo

1. El régimen político español se fundamenta, en buena medida, en la noción republicana de verdad: el art. 20.1 CE solo protege el derecho a informar sobre hechos “veraces”. El límite de la comunicación son los derechos de la personalidad (honor, intimidad e imagen) y la protección de la infancia y la juventud. Sin embargo, en un plano más amplio, con la afirmación del art. 20.1 CE se reconoce que solo a través de la creación diligente de información el pueblo está en condiciones de ejercer su soberanía correctamente. En definitiva, se venía a dar la razón a Hannah Arendt cuando afirmaba que la mentira era incompatible con la democracia.

2. Aunque podamos hacer una reinterpretación sobre la marcha, todos los sistemas constitucionales pensaban, cuando reconocían el derecho a la libertad de información, en el periodismo tradicional de la esfera pública habermasiana. Hoy esa esfera pública se ha transformado radicalmente: no solo porque los periódicos han pasado a tener una función subalterna en nuestra vida (la oración del hombre moderno que decía Hegel es hoy un vistazo a Facebook o Twitter nada más levantarte de la cama), sino porque son los ciudadanos quienes protagonizan activamente el derecho a la información sin el aprendizaje de las facultades, la experiencia profesional adquirida o un mínimo de responsabilidad democrática.

3. Como receptor de información, el ciudadano también ha querido renunciar a la verdad. El integrante de nuestras tribus morales no está para desafíos intelectuales o exámenes de conciencia, quiere el calor de los juicios propios y la comodidad del periodismo de aseveración. Es por ello que en España, como en otros países, las noticias sobre hechos tienen menos importancia que los relatos políticos, mayormente lanzados por el Gobierno y la oposición a través del ecosistema comunicativo del siglo XXI: una videocracia tertuliana que se complementa con los bots de las redes y los incendiarios grupos de Whatsapp que moldean nuestra personalidad política.

4. En este ecosistema cada vez nos hacemos menos tolerantes al pluralismo: consumimos bulos, hechos alternativos o fake news y consideramos innecesario contrastar datos y opiniones. Es una especie de efecto túnel, de algoritmo cerebral si se quiere, donde los comunicantes dialogan formalmente pero las ideologías se mantienen completamente aisladas. Y llega la sorpresa: una respuesta ampliamente favorable a una capciosa pregunta del CIS donde se sugiere un canal único dedicado a informar durante el estado de alarma vírica. Se revela así el tránsito posdemocrático y populista de una sociedad que decidió traumáticamente unas elecciones generales al grito de “queremos saber la verdad”.

5. Cómo hemos cambiado. Desde entonces la democracia española se ha ido alejando cada vez más de un modelo comunicativo plural y una esfera pública independiente y objetiva dedicada a controlar todos los resortes del poder, no solo los institucionales. La culminación del largo proceso de degradación es un Gobierno que durante la aplicación de un derecho de crisis especialmente invasivo se dedica a perseguir presuntos bulos desde ministerios y a extender la idea de que cualquier crítica a su gestión incorpora aviesas intenciones de la extrema derecha. El equilibrio no parece fácil: la puesta en circulación masiva de mentiras privadas desestabiliza la democracia, pero el control administrativo o penal de las patrañas puede terminar corrompiendo la libertad.