Iñaki Ellakuría

Es la soberanía

La conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el lunes pasado en Madrid, puro teatrillo para certificar la defunción de la “operación diálogo”, sirvió para alertar a los últimos despistados en la villa y corte de que la cuestión catalana, dulce eufemismo, no se soluciona con cuatro parches jurídicos y una lluvia de millones para infraestructuras y otros menesteres.

Opinión

Es la soberanía
Foto: Paul White

La conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el lunes pasado en Madrid, puro teatrillo para certificar la defunción de la “operación diálogo”, sirvió para alertar a los últimos despistados en la villa y corte de que la cuestión catalana, dulce eufemismo, no se soluciona con cuatro parches jurídicos y una lluvia de millones para infraestructuras y otros menesteres.

En el proceso independentista confluyen diferentes factores, como el deshilachamiento de las costuras constitucionales, la chapuza coral del Estatut, el adoctrinamiento en el “España nos roba”, el desprecio de ciertas élites mesetarias a la pluralidad del país o las llamas de un nacionalismo reaccionario que en Catalunya, como en Francia, Reino Unido y EE.UU., la crisis de la democracia liberal ha avivado, que lo convierten en un enredo que se aventura dañino para todas las partes en liza.

A pesar de que Puigdemont ha comunicado al Govern que quiere tener cerrada la fecha y la pregunta del referéndum antes del 15 de junio, amplios sectores del nacionalismo catalán ya han asumido que no gozan hoy del respaldo de una mayoría social ni del apoyo internacional para una ruptura unilateral. Y apuntan, como en 2014 con el referéndum, a la soberanía nacional con un relato difícil de rebatir en tiempos populistas: la voz de las urnas prevalece sobre cualquier ley.

Votar aunque el resultado sea adverso y la consulta no tenga carácter vinculante para carcomer uno de los pilares de la arquitectura constitucional, a la espera de tiempos y sondeos mejores. Esa sería la gran victoria nacionalista y esa es la verdadera “guerra democrática”, en palabras del prejubilado Homs, que plantea el independentismo. Primero, como vienen advirtiendo en discretos foros destacados independentistas, es “inevitable” que el próximo otoño se registre una colisión institucional sin precedentes que sirva de catarsis y abra un “nuevo escenario”. Algo tiene que pasar para poder sentarse a negociar, avisan, sin explicar exactamente la forma y alcance del anunciado acontecimiento. Improvisación de alto riesgo.

Una estrategia de mayor confrontación, en cambio, es por la que se decanta el flanco duro del Gobierno catalán, comandado por Artur Mas entre bambalinas. Con tres pasos en el calendario: aprobar a través del Parlament la convocatoria del referéndum como acto de presión; segundo y tras la anulación de la consulta, validar por la vía rápida y sin debate una ley de Transitoriedad con aromas de autoritarismo turco; tercero, darse un año de margen para ir aprobando leyes y medidas que pongan las bases del “nuevo Estado” –respondiendo a las inhabilitaciones con agitación callejera- y proclamar en otoño de 2018 el “catexit”.

Alertados están pues los partidos constitucionalistas, que deben decidir con premura si permanecen en el engañoso confort de la habitación del miedo, a la espera de una solución mágica, o aparcan el tacticismo de regate corto y las inquinas personales para abrir el proceso constituyente de la España del siglo XXI.

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