Victoria Carvajal

Esta vez 'no será suficiente'

«En España la sociedad civil sí puede hacer algo para frenar esta inquietante deriva iliberal, poniendo de lado la polarización en la que nos han embarcado nuestros representantes»

Opinión

Esta vez 'no será suficiente'
Foto: BORIS ROESSLER| AP
Victoria Carvajal

Victoria Carvajal

Economista empeñada en hacer comprensible y hasta entretenida la información económica. Madre feliz y actriz en sus ratos libres.

Mantenerse a flote. Ese es el objetivo. Hasta que las vacunas contra la COVID-19, de inminente aunque limitada disponibilidad, permitan proteger a una parte significativa de la población. Se ve la luz al final del túnel, pero ¿aguantará la economía hasta que esto ocurra? La esperanza es que las medidas de dopaje sigan actuando de colchón y el destrozo sea el menor posible para beneficiarse al máximo del rebote de la actividad económica, como pasó en el tercer trimestre de este año. Pero la llegada de los fondos europeos, vital para mantener la respiración asistida, podría ahora retrasarse por la negativa de Hungría y Polonia a vincular estas ayudas al cumplimiento del Estado de derecho. Este aplazamiento, junto con la incertidumbre sobre los plazos que requiere la inmunización de una mayoría de la población, aumenta las posibilidades de que se desate un tsunami financiero a causa de la deuda acumulada por las empresas, muchas al borde de la quiebra, y la de los Estados. Un escenario que se llevaría por delante cualquier plan de recuperación. Ríanse ustedes de lo ocurrido entre 2008 y 2013.

La combinación de una política monetaria ultralaxa por parte del BCE o de la Fed, con tipos de interés negativos y compra de activos en los mercados financieros para dar liquidez al sistema bancario y mantener la actividad crediticia, junto con las medidas de apoyo al empleo, como los ERTE en España, o los préstamos a las empresas por parte de organismos públicos y el aplazamiento en el pago de cuotas o de impuestos, han evitado hoy la quiebra en cadena de empresas y que las filas del paro se dispararan en las economías avanzadas, donde la pandemia se ha ensañado. Medidas todas ellas necesarias para evitar el colapso, pero que han supuesto un fuerte aumento del endeudamiento soberano y de las empresas.

Según el Instituto de Finanzas Internacional, el endeudamiento mundial ha aumentado a un ritmo vertiginoso en los primeros nueve meses del año: 15 billones de dólares (12,63 billones de euros). Algo más de diez veces el PIB de España. El organismo, que agrupa a 500 entidades financieras de 70 países y que apoya a la industria en la gestión prudente de riegos y vigila su solvencia, cree que la deuda mundial alcanzará el 365% del PIB del planeta en 2020, 46 puntos más que el 319% de 2019. En el caso de las economías avanzadas, este porcentaje es aún mayor. A septiembre de este año, el endeudamiento suponía el 432% de su PIB conjunto.

Una evolución preocupante en tiempos de crisis porque el pago de la misma obliga a desviar recursos de inversiones productivas que permitirían estimular la economía cuando más lo necesita, lastrando así el crecimiento. Lo inquietante, además, es que la deuda de las empresas y un posible escenario de impagos masivos pueda mutar en una crisis bancaria, que interrumpiría la circulación de la savia en el sistema. Así lo advertía esta semana la directora del BCE, Christine Lagarde, alarmada por los efectos de la segunda ola de la pandemia en las economías de la eurozona. Su temor es que muchas empresas que han sobrevivido hasta ahora solicitando nuevos préstamos y gastando sus ahorros decidan cerrar. El BCE ha advertido de que, en el peor de los escenarios, los créditos impagados podrían elevarse a 1,4 billones de euros, un montante superior al contabilizado en la crisis financiera de 2008.

Y es que la política monetaria ya no tiene más munición en su arsenal. No es como cuando Draghi anunció que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano y dio un vuelco a los mercados. El BCE ya está haciendo todo lo posible y en este caso, parafraseando al italiano (pero al revés), créanme, no será suficiente. Por eso el paquete de ayudas por 750.000 millones de euros es tan vital. La política fiscal debe tomar el relevo. Los planes de inversión deben contar con el visto bueno de Bruselas para tratar de que la inversión sea la más productiva posible y no vaya al pago de los gastos corrientes (intereses de la deuda por ejemplo, que ahora suponen el 10% del gasto en el caso de España y que sumados a pensiones y gasto social copan el 55% del presupuesto nacional). De ahí que la buena gestión de la deuda sea clave, pues el aumento del endeudamiento en nuestro país va a ser de aúpa: del 95,5% del PIB en 2019 a casi el 120% en 2020. El desplome del 13% del PIB que vaticinan la mayoría de organismos tiene mucho que ver con ese deterioro. Son más de veinte puntos. Un salto sin precedentes en un solo año que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas.

Nos han asignado 140.000 millones de euros en el plan de reconstrucción europeo. Pero España, por desgracia, no tiene un buen historial en el uso de los fondos: solo se ha invertido uno de cada tres euros recibidos de los fondos estructurales procedentes de la UE en el último plan quinquenal, incluidos los dos últimos dos años en los que ya hacía estragos el crecimiento económico debido a la guerra comercial de Trump con el mundo y la desordenada salida del Reino Unido de la UE. El lío de las competencias y la gestión de las distintas administraciones está en el origen.

Y nada indica que haya voluntad política para corregir estas insuficiencias. Enzarzados en una disputa de bloques, lo único que se sabe es que se ha creado una Comisión con Iván Redondo al frente de la misma para decidir el destino de estos fondos. ¿Con el fin de comprar voluntades políticas o doblegarlas para mantener a Sánchez en el poder? ¿Dónde están los expertos y los técnicos que sepan asignar los fondos en tiempos de emergencia social y económica? Nada invita al optimismo.

Frente a ese inquietante panorama, solo queda agarrarse al éxito de las vacunas. Que sirvan para inmunizar a un porcentaje significativo de la población que permita reabrir la actividad económica con confianza. Es la esperanza que el anuncio de los buenos resultados de la vacuna de Pfizer y BioNTech al inicio y de Moderna días después o las noticias recientes sobre la desarrollada por la Universidad de Oxford junto con Astra Zeneca, ha cotizado al alza en los últimos diez días en unos mercados de valores que han llegado a caer un 40% en los peores momentos de la crisis del coronavirus.

Por desgracia aquí entramos en un terreno plagado de incógnitas. Al parecer, La famosa inmunidad de rebaño es eficaz si entre un 60% y un 72% de la población está protegida. Y ello requiere un esfuerzo monumental de recursos. Con la incertidumbre añadida sobre la duración de la inmunidad. ¿Uno o dos años? Pero siempre nos queda nuestro ministro Salvador Illa, el más optimista de todos, que esta semana decía que la primavera de 2021 puede cambiarlo todo. Mientras los científicos hablan de dos años.

Aunque se agradece el buen talante y las respetuosas formas del ministro de Sanidad, estas no le salvan de tener que rendir cuentas por su deficitaria gestión de la crisis sanitaria. Y aquí seguimos: en manos de un Gobierno prestidigitador. Que se apoya en la amenaza de la ultraderecha de Vox para transformar todo desmán en una conquista progresista en un irritante ejercicio de ilusionismo. Ya sea el parcial CIS de Tezanos o la gestión de la RTVE pagados ambos por todos los contribuyentes, el nombramiento como fiscal general de la exministra de Justicia Dolores Delgado, dispuesta a colonizar el papel de los jueces y desdibujar la separación de poderes, la intervención del ministro de Interior para parar la investigación de la Guardia Civil sobre la protesta feminista del 8-M, la admisión de la ministra de Igualdad de que la pandemia había detraído la participación en la citada manifestación, o el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral que luego no fue.

Y sigo con el recuento: la voluntad de reformar el delito de sedición para contentar a sus socios separatistas catalanes pero que nos quieren hacer creer que entra dentro del normal funcionamiento de la legalidad institucional, el burdo ejercicio de tapar los escándalos de financiación de Podemos y el caso Dina con el testimonio dado por una mujer arribista al comisario corrupto Villarejo contra el anterior titular de la Jefatura del Estado en un inútil ejercicio de deslegitimar al rey Felipe VI para poner en cuestión a la institución de la Monarquía, la turbia destitución del fiscal Stampa que investigaba al citado comisario, tapado al día siguiente con un nuevo escándalo sobre el rey emérito aireado desde la Fiscalía General, la intención de cambiar las reglas para la elección del Consejo General del Poder Judicial en un preocupante asalto al Estado de derecho, la aprobación de una Ley de Desinformación dirigida desde Moncloa que desafía la libertad de expresión, la mentira sobre el IVA de las mascarillas, la aceptación de las devoluciones en caliente en plena crisis de la inmigración en Canarias que en la oposición rechazaban, la no derogación de la Ley Mordaza que ídem, o la legitimación de la exclusión de los derechos de los castellanohablantes en la recién aprobada Ley Celaá de Educación. La lista es larga.

Y quiero creer que a diferencia de la gestión financiera de esta nueva crisis, en la que la política monetaria no puede hacer mucho más, en España la sociedad civil sí puede hacer algo para frenar esta inquietante deriva iliberal, poniendo de lado la polarización en la que nos han embarcado nuestros representantes políticos y concentrarse en pedirles cuentas sobre lo que importa, que es la gestión de la pandemia y la superación de la colosal crisis social y económica en la que estamos inmersos. Hay mucho en juego: el progreso, la cohesión social, la mejora de las instituciones y la convivencia. Tal vez, en este caso, todas estas razones sí sean suficientes para que algo cambie.

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