Extraordinaria y urgente necesidad

Pedro Sánchez llegó al poder con un mandato urgente. La moción de censura dio un aire de excepcionalidad a su nuevo gobierno, que debía recuperar la dignidad de unas instituciones denostadas por la corrupción del PP. La urgencia moral lo justificaría casi todo. Por eso ha sido el gobierno que más ha abusado de los decretos leyes (32 en 9 meses, frente a los 28 de Rajoy, los 16 de Aznar y los 8 de Zapatero en ese mismo periodo de tiempo), que según la Constitución solo deberían usarse en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Los decretos leyes entran en vigor inmediatamente después de su aprobación por el consejo de ministros, y no pasan por el parlamento hasta 30 días después. El Congreso entonces puede tumbar la nueva ley, como ocurrió con el decreto del alquiler en enero.

El gobierno tiene cierta discrecionalidad a la hora de decidir qué es urgente (“para las materias urgentes, así consideradas por el gobierno”), pero el uso que hacen los partidos de este recurso es arbitrario y partidista. Como dice Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla: “El mero deseo o interés del Gobierno en la inmediata entrada en vigor de la norma no constituye una justificación de su extraordinaria y urgente necesidad”. El gobierno debería ser convincente a la hora de explicar por qué considera que un decreto ley responde a una urgencia. Para Miguel Presno Linares, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Oviedo, esa urgencia tiene que ver con “la necesidad de hacer frente de manera inmediata a circunstancias que no se han podido prever de antemano -a eso se refiere la exigencia de una ‘necesidad extraordinaria’”.

La justificación del gobierno tiene que ver con “reconstruir el Estado social”, como dice una fuente anónima en un artículo en El Diario, “anteponiendo la agenda social, que es el trabajo constante por la igualdad y por mejorar las condiciones de vida de quienes han padecido más la crisis y las políticas antisociales del PP”. Es una interpretación de urgencia cuestionable.

Sánchez está usando los decretos leyes de manera electoralista y chapucera (como ha explicado Eva Belmonte de Civio), poco antes del cierre de las cámaras o incluso ya convocadas las elecciones, y como herramienta de propaganda. A parte de la urgencia moral, el gobierno se defiende diciendo que la mesa del congreso (que tiene mayoría de PP y Ciudadanos), que ha de tramitar los proyectos de ley, ha bloqueado muchas de sus iniciativas. Pero este bloqueo no debería justificar el uso del poder ejecutivo de manera arbitraria, especialmente cuando el gobierno tiene tan pocos diputados y sus apoyos parlamentarios son tan débiles. Un gobierno con 84 diputados de 350 no tiene la legitimidad como para tomar medidas de manera unilateral.