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La autoridad de la UE, a prueba

Foto: Angelo Carconi | ANSA via AP

La Unión Europea saca músculo. Puede que su popularidad se haya deteriorado por la gestión de la reciente Gran Recesión pero no su determinación a ejercer su autoridad. Para demostrarlo, veamos las medidas que ha tomado en la última semana. El Tribunal de Justicia Europeo, en una decisión sin precedentes, ha paralizado la Reforma del Tribunal Supremo en Polonia, que intenta acabar con la independencia de los jueces. La Comisión de Venecia, órgano del Consejo Europeo que vigila la salud democrática de los estados miembros, ha señalado que las reformas del código penal de Rumanía ponen en peligro la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y la Comisión Europea ya ha avisado que actuará con contundencia para frenarlas. Y last but not least; Italia. El Ejecutivo europeo ha enviado a su Gobierno una carta en la que manifiesta su total rechazo a los Presupuestos. La alianza populista de la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) que forma el Ejecutivo italiano ha recibido desafiante el aviso, si bien este ya ha servido para poner en evidencia las fuertes desavenencias internas. España también ha sido interpelada, aunque en otra clave. El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido una misiva desde Bruselas instándole a aclarar algunas de las cifras de los Presupuestos de 2019. Un control que no se sale de la norma pero que demuestra el poder que la UE ejerce sobre la Ley más importante que hay para definir la acción de un Gobierno.

Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que la máxima instancia común de la justicia vaya a frenar una reforma sobre el Tribunal Supremo de un Estado miembro. El auto del tribunal europeo obliga a Polonia a suspender la aplicación de una norma que rebaja en la edad de jubilación de los jueces del alto tribunal, lo que implica la salida de un tercio de los mismos, y que da al presidente de la República la potestad de ampliar y nombrar a los sustitutos, como ya ha venido haciendo. Si Varsovia decide desafiar esta decisión, el Gobierno de Jaroslaw Kaczynski se enfrenta a una multa y a la suspensión de su derecho a voto en el Consejo Europeo. Bruselas no quiere que se repita lo ocurrido en la Hungría de Viktor Orban, donde la tardanza en la acción comunitaria impidió frenar la purga de jueces que ha puesto en entredicho el Estado de Derecho del país.

La democracia en Rumanía, país que ingresó  en la UE en 2007, también anda en retroceso. Sus reformas para suavizar la persecución de la corrupción y del crimen organizado, contestadas en la calle con masivas manifestaciones, han sufrido un serio revés al ser identificadas como anticonstitucionales por la Comisión de Venecia. Ahora le toca actuar a la Comisión Europea, que ya ha avisado que usará todos los instrumentos a su alcance para frenar esta deriva.

Pero el desafío de Italia es harina de otro costal. Al ser la tercera economía más importante de la UE, tras Alemania y Francia, su posible desacato a las autoridades europeas puede abrir una crisis institucional sin precedentes en la UE. De momento su mercado bursátil se desploma y la prima de riesgo, la diferencia entre la rentabilidad que ha de ofrecer para colocar su deuda frente al país más solvente, Alemania, se ha ampliado a 340 puntos Es la primera vez que alcanza este nivel desde 2013. Una diferencia que encarece el servicio de su ya abultada deuda pública, que representa el 131,8% de su PIB, la cifra más alta de la UE en términos absolutos y la segunda en porcentaje detrás de Grecia. Su propuesta de presupuesto supone desentenderse del principio de consolidación fiscal defendido por Bruselas. Las cuentas presentadas incluyen una polémica amnistía fiscal para los empresarios afines al partido anti-inmigración de la Liga, encabezado por Matteo Salvini, que solivianta a sus socios antisistema del M5S liderados por Luigi Di Maio, y una subida de los gastos sociales y rebajas en la edad de jubilación que satisface a estos últimos. Pero el déficit se dispararía del 0,8% al 2,4% del PIB, con una tasa de crecimiento de su economía estancada en el 1%. ¿Italia quiere multiplicar por tres su déficit y permanecer en el euro? Bruselas no puede permitir que esta fórmula siente un precedente y le pide rectificar. Veremos.

Frente al desafío de Italia, las cuentas de España resultan hasta amables. Pero no del todo creíbles para la Comisión. Antes de pronunciarse sobre los Presupuestos pactados entre el PSOE y Podemos, cuya tramitación está hoy en el aire por necesitar el apoyo de los partidos independentistas, Bruselas ha pedido más información sobre las previsiones de ingresos y de gastos. Son unas cuentas que quizás haya que leer en clave electoral. Así como el feroz rechazo de la oposición a los mismos. ¿Aumentar los gastos en 5.100 millones de euros para intentar, según argumenta el Gobierno, cerrar la brecha de la desigualdad? ¿Esperar ingresar 5.700 millones de euros con las subidas de impuestos en un contexto de desaceleración de la economía y de subidas de los tipos de interés? Es difícil creer que el déficit bajará del 2,7% al 1,8% del PIB como se prevé. Su difícil tramitación, los peros de la Comisión a los mismos y la obligación de presentar números solventes en un momento de incertidumbre económica apuntan a la celebración de unas elecciones anticipadas. Mientras, el debate servirá de coartada para que los partidos en liza hagan grandes gesticulaciones de cara a ese posible adelanto electoral. Ninguno, salvo Podemos, ha cuestionado la obligación de cumplir con los requisitos de la UE.

¿Desafiar o cumplir los dictámenes de Bruselas? La respuesta que dé cada uno de los países interpelados servirá para poner a prueba la autoridad de la UE frente al alza de los populismos euroescépticos, que llaman a recuperar la soberanía nacional y desafiar a las instituciones europeas desgastadas por la reciente crisis. La supervivencia del proyecto europeo está una vez más en juego.

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