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La casta de los juristas

Foto: Jean-Francois Badias | AP

Me planteo en esta entrada qué decir a tenor de la elección de María Elósegui como jueza para el TEDH. Por conocimiento y afinidad profesional, habría preferido a Pérez de Nanclares, fino internacionalista que lleva años trabajando en el Ministerio de Exteriores. Como se sabe, tras la inesperada elección, han salido a la luz diversas informaciones en las que, entresacando algunas frases de sus textos, se acusa a la profesora de homófoba y de defender una perspectiva de la igualdad entre el hombre y la mujer, a partir de un derecho natural de raigambre cristiana. Por ello ha trascendido, también, que pertenece al Opus Dei. Me gustaría ser cauteloso con este asunto, dado el contexto fake en el que últimamente nos movemos. Elósegui ha publicado 17 libros y más de 50 artículos científicos sobre la bioética, el género, el multiculturalismo o el discurso del odio. Ha trabajado, además, con profesores de la talla de Charles Taylor y Robert Alexy.

No me veo capaz, ante esta intensa producción científica, de hacer un juicio siquiera preliminar sobre lo adecuado de la elección. Sí me gustaría reflexionar, brevemente, sobre si está capacitada para ser jueza. He leído con cierta sorpresa que algunos colegas y comentaristas le niegan talla moral –por decirlo en los términos que establece el art. 21 del propio Convenio Europeo- para ejercer tan altas responsabilidades. Es decir, Elósegui estaría inhabilitada porque al parecer no acepta la perspectiva de género, que considera que las instituciones jurídicas no dejan de ser el reflejo de las relaciones de dominación del hombre hacia la mujer. Además, sus razonamientos filosóficos en torno al matrimonio homosexual o el aborto no coinciden con las decisiones del legislador democrático. Espero que los críticos de Elósegui no se enteren de que todos los jueces tienen su propia opinión sobre los asuntos que tienen que resolver: ¡qué escándalo, en este local se juega!, como diría el inolvidable capitán Renault.

Llegan hasta aquí los calientes aires veraniegos del caso de Juana Rivas, donde un país entero se puso en pie para que el poder público dejara de aplicar las normas y se pusiera a impartir justicia. En el asunto que nos ocupa, ello se traduciría en la necesidad de que el técnico del derecho tuviera unas condiciones ideológicas y un enfoque epistemológico que coincidan con el canon cultural dominante. O eso me ha parecido entender. Pero en las facultades de derecho se explica que la Constitución y la ley son normas abiertas a una comunidad de interpretadores, que expresan el pluralismo de la sociedad a la que pertenecen. Para evitar que la autonomía de la voluntad del juez deshaga lo expresado por el legislador se establecen no pocas cautelas, que empiezan por la atribución de un exigente estatuto de independencia, y terminan en un complejo sistema de recursos donde cabe la modificación de pronunciamientos formalmente deficientes o políticamente dirigidos. De ahí sale un sistema imperfecto de justicia, muy apegado a las garantías procesales y a la objetivación de la argumentación. También, por cierto, en el TEDH.

El marxismo setentero clamaba contra la casta de los juristas que copaba el aparato del Estado y servía para sostener el sistema capitalista. Parece que la historia se repite con el género y el patriarcado. Pero cuidado, como ya advirtió Mitscherlich, quienes se rebelan ciegamente contra la opresión, también de la autoridad legal, acaban identificándose con el opresor. Como si no tuviéramos ingentes y actuales ejemplos en España. Le deseo mucha suerte a la jueza Elósegui en su aventura de Estrasburgo.

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