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La ciudad política es mía

Foto: Casa Real

Aunque los medios de comunicación han pasado de puntillas, me ha llamado la atención el bochornoso asunto de la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona la semana pasada. En un ambiente de notable clandestinidad, el Jefe del Estado tuvo que trasladarse a un hotel, en principio, para evitar las protestas de los independentistas. En realidad, el problema era otro: el Ayuntamiento de Gerona había negado a la Fundación cualquier edificio municipal para realizar el evento y, en última instancia, había nombrado a Felipe VI persona non grata como consecuencia de su discurso del 3 de octubre del año pasado, en su papel de defensor de la Constitución.

La posibilidad de expulsar a los ciudadanos de un territorio tiene precedentes en el derecho penal (destierro o prohibición de residencia) y en la praxis diplomática, donde en ocasiones se declara a un funcionario non grato para que sea requerido por su Gobierno de origen. En la antigua Grecia, durante distintos momentos de la historia se aplicaba el ostracismo a los rivales políticos o a los que se consideraba un peligro para el bien público. La libertad de los modernos se eleva, precisamente, contra la posibilidad de que el poder utilice sus facultades con el objetivo de deshacerse de los individuos que le desagradan: buena muestra es el art. 11.2 de nuestra Constitución, donde se señala que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.

La funesta tradición de nombrar “persona non grata” a quien caiga mal en distintos municipios de nuestro país es la muestra más clara de que algunos no han entendido bien qué significa la aparición del estatuto de ciudadanía en la historia de las ideas y el constitucionalismo democrático. Va de suyo que mandando al ostracismo al Jefe del Estado, en el consistorio gerundense los nacionalistas (con la abstención de una presunta izquierda, que casi siempre anda metida en estos fregados), intentan proscribir simbólicamente el Estado al que aquel representa. Pero el asunto es en realidad más grave. El derecho a decidir quién forma parte de la ciudad política no revela más que un concepto patrimonial de la misma. Patrimonio tiene una cercanía etimológica a patria, es verdad, pero aquí expresa una noción privatista de la nación: como es mía, yo concluyo votación mediante qué ciudadanos son bienvenidos y quiénes no.

Fue Rousseau quien en El contrato social (1762) apuntó sarcásticamente que “la mayor parte toman a una aldea por una ciudad y a un burgués por un ciudadano. No saben que las casas forman una aldea y los ciudadanos la ciudad”. Esta frase es plenamente aplicable a la España del siglo XXI, donde las ideas políticas bien entendidas han pasado a ser palabras vagabundas que sirven para justificar cualquier causa: incluso la de convertir a los ciudadanos de pleno derecho en refugiados.

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