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La hora del derecho

Foto: Santi Palacios | AP

Media España se ha lanzado estos días a un frenesí opinativo que ha tenido en las redes sociales su altavoz privilegiado. Los escritos de acusación de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado contra los imputados por el procés, parcialmente divergentes entre sí, han hecho rebrotar el debate sobre la idoneidad del delito de rebelión. Mientras tanto, los llamados «gestos» del gobierno hacia los partidos nacionalistas han puesto encima de la mesa la cuestión del posible indulto para quienes hoy todavía esperan juicio: una medida de gracia concebida como principio de solución para el conflicto catalán.

Es francamente difícil de comprender el empeño con que algunos comentaristas alegan que apenas estamos ante delitos de malversación y desobediencia; o sea, ante una suerte de kermesse heroicay festiva. Un vistazo a la instrucción judicial deja claro que nos encontramos ante un plan de ruptura basado en el empleo de todos los medios al alcance del separatismo: desde la fuerza policial autonómica al dinero del contribuyente, pasando por la coordinación con el brazo civil del independentismo y los medios públicos de comunicación, sin olvidarnos de la propaganda política constante a cargo del gobierno catalán. Todo lo cual constaba por escrito en la famosa «hoja de ruta» incautada a Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras. Tal vez, en último término, todo fuese un farol mal jugado. Pero con su farol nos la jugamos todos.

Si nos ceñimos a los hechos, es claro que las instituciones catalanas se rebelaron deliberadamente contra el orden constitucional del que son parte y a cuyo cumplimiento se encuentran jurídicamente obligadas. Si eso es un golpe de Estado conforme a la definición de Hans Kelsen, que algo sabía de golpismos, o un pronunciamiento en la mejor tradición española, como ha opinado Santos Juliá, tanto da: vienen a ser lo mismo. Toca ahora al Tribunal Supremo decidir cuáles son los tipos penales aplicables, sin que los imputados puedan alegar desconocimiento: los dirigentes nacionalistas fueron advertidos una y mil veces de la ilegalidad de sus conductas, advertencias a las que respondieron invariablemente con carcajadas o amenazas. «¿Y aún dicen que no votaremos?», se sonreía Puigdemont en pleno mítin durante la campaña del referéndum a la vista de la incapacidad de la policía española para localizar las famosas urnas. Su peripecia -la de las urnas- recuerda las películas de la Ealing, esas comedias en que un pequeño pueblo inglés se moviliza contra alguna injusticia. La diferencia es que, en este caso, la injusticia la cometía el pequeño pueblo: contra sus conciudadanos y contra la ley.

Así que los ciudadanos presenciábamos esta sucesión de acontecimientos con una mezcla de angustia e impotencia, olvidando -como quizá llegaron a olvidar sus impulsores- que aquellas acciones dejaban una huella sobre las que el derecho vuelve ahora su mirada con la implacabilidad que le es característica. Y es que si lo hecho no se puede deshacer, como reconocía Lady Macbeth, tampoco el sistema jurídico puede volver su mirada a otra parte; tal es su esencia. Y tal es, también, el fundamento de las sociedades libres donde la ley nos obliga a todos por igual, introduciendo una certidumbre que hace posible la vida en libertad. Así que atribuir a los jueces españoles una sádica voluntad de venganza contra los imputados supone desconocer por completo la naturaleza del Estado de Derecho. O, en algunos casos, fingir que se desconoce.

De ahí que el debate sobre el indulto sea prematuro. Que el gobierno insinúe su conveniencia supone poner en curso de colisión dos lógicas distintas: la jurídica y la política. Mientras el derecho mira hacia atrás, encargado como está de enjuiciar penalmente conductas pasadas, la política mira hacia delante. Es difícil saber si el gobierno atiende así a la necesidad de cuidar «la mayoría de la moción de censura», como dijo Pablo Iglesias, o movido por una genuina voluntad conciliadora y convencido por tanto de que el nacionalismo habla en nombre de toda la sociedad catalana. Lo que parece evidente es que esa voluntad conciliadora tiene ahora mismo pocos entusiastas: el separatismo no ha hecho autocrítica, ni pedido perdón, ni cesado en su retórica insurreccional. Y no está claro que la sociedad española se muestre dispuesta a pasar por alto tan fácilmente unas conductas de tanta gravedad. Si el gobierno piensa lo contrario, no tiene más que prometer abiertamente el indulto en la próxima campaña electoral y saldremos de dudas.

En realidad, no conviene andar con tanta prisa; la paciencia, aquí, es capital. El procés constituye un fenomenal acontecimiento político que conviene asimilar con calma: un trauma no admite urgencias. De ahí la intensidad de las emociones públicas que ha despertado, en justa correspondencia con la relevancia los bienes constitucionales en juego. Así que ahora no es «el momento de la política», como suele repetirse, sino del derecho. Después, ya veremos.

 

 

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