La más insolidaria de las herencias

El 117% de todos los bienes y servicios que produce la economía española en un año. A devolver con intereses. Ese es el montante de deuda pública española que a finales del fatídico 2020 estaba en manos de pensionistas, ahorradores, inversores, entidades financieras y, sobre todo, del Banco de España y el Banco Central Europeo a partir la reactivación de su programa masivo de compras de activos financieros, principalmente bonos y letras de los Estados soberanos. Un indicador del desequilibrio en las cuentas públicas que ha superado con comodidad la inquietante barrera del 100% del PIB que tanto costó doblegar tras la Gran Recesión de 2008-13 pese al monumental esfuerzo de consolidación fiscal.

Son 122.439 millones de euros más de deuda, un incremento del 21,6% con respecto a 2019. En porcentaje del PIB es la peor cifra registrada en cualquiera de todas las anteriores crisis económicas de nuestra democracia. Y no sólo eso; la Comisión Europea calcula que esta carga va a seguir aumentando hasta representar el 141,2% del PIB en 2030. Una cifra insólita que nos equipara a la Grecia intervenida por la troika en la anterior crisis y que representa el más insolidario de los legados que se puede dejar a las siguientes generaciones. Su pago detraerá recursos públicos de las prestaciones sociales, la educación, la sanidad, las infraestructuras o la Investigación y el Desarrollo, partidas claves para la cohesión social y el progreso del país. De forma que los jóvenes, atrapados entre dos crisis en sólo ocho años y los más castigados por el desempleo y la precariedad debido a la dualidad del mercado laboral, ven cómo se alejan aún más sus posibilidades de desarrollar un proyecto vital. Sin solución de continuidad.

Así que la juventud tiene motivos de sobra para estar cabreada. Su rabia se ve además exacerbada por una pandemia [contexto id=»460724″] que ha recortado sus libertades y restringido su imperiosa y natural necesidad de socializar. Su experiencia laboral es hoy aún más precaria y discontinua si cabe. Y su formación universitaria o profesional se ve reducida a apañarse desde casa con el ordenador o a salir a atender pedidos en bicicleta para ganarse un sustento. Todo es marciano. Aun reconociendo esta enorme adversidad, resulta temerario e irresponsable el empeño de algunas fuerzas políticas situadas en los extremos, ya sea la izquierda radical o los partidos independentistas de la vergonzosa foto (y rueda de prensa) del pasado 23-F, de utilizar ese descontento para arengar primero y legitimar después los actos violentos de las protestas que, a partir del encarcelamiento de un mediocre rapero con antecedentes penales, se han extendido por las grandes ciudades y que han encontrado refugio en la Barcelona de los CDR.

No representan, estoy convencida, a la gran mayoría de esa juventud frustrada que se lo ha currado y que aspira a labrarse un futuro mejor. Y lo irónico es que esas formaciones políticas, que se afanan en explicar las protestas en clave económica, son las mismas que no ven límite al gasto público y desprecian toda medida de consolidación fiscal para reducir la condena del pago futuro de esa deuda a los jóvenes. Consideran que es una política neoliberal e insolidaria. Cuando lo insolidario es sin duda legar ese lastre que hoy, por populismo político, les renta votos.

Ojo que la consolidación fiscal no es incompatible con los esfuerzos para suavizar el impacto que la pandemia tiene en la actividad económica, fundamentales para evitar un indeseable colapso social. Y que han tenido el respaldo mayoritario del Parlamento. Ya sean los ERTE, los préstamos del ICO a las pymes, el aplazamiento de las quiebras, el ingreso mínimo vital o las ayudas directas a los sectores más afectados, sobre todo el del turismo. Toda esa necesaria batería de medidas de dopaje ha evitado, según reconocía el Ministerio que dirige Nadia Calviño, que el PIB cayera un 20% en vez del 11% con el que ha cerrado 2020 y que la tasa de paro no se multiplicara por cuatro.

Pero estas medidas, que han elevado el déficit del 2,86% en 2019 al 11,3% en 2020, tienen un carácter puntual. Por eso la llegada de las ayudas europeas del fondo llamado Next Generation EU, una respuesta fiscal sin precedentes en la unión, es esencial para aliviar parte del gasto del Estado: más de 140.000 millones de euros de inversiones repartidos en seis años . Con la esperanza de que su efecto dinamizador sea relevado eventualmente por la inversión y la demanda privadas. Son plazos difíciles de afinar y que dependen del control de la pandemia. Y no hay que descartar que, como apuntan algunas voces, sea un montante insuficiente si la agonía económica se prolonga.

De momento se han presupuestado 27.000 millones para 2021. La tercera ola de la pandemia ha demostrado que era insuficiente la dotación para los ERTE (21.000 millones) para el primer trimestre, pues estos se prolongarán hasta al menos mayo y es probable que más allá. Lo mismo ocurre con las previsiones de ingresos fiscales, pulverizadas por la paralización de la actividad económica. ¿Y qué decir de la previsión de crecimiento? Un 9,8% oficial que el FMI y el propio Banco de España han reducido a una horquilla de entre el 5% y 6%. 

No sólo el uso de los fondos está controlado por las condiciones que impone Bruselas. La suspensión de las reglas de rigor presupuestario para hacer frente a la crisis del Covid-19 tiene fecha de caducidad. Y por eso es importante que el bipolar Gobierno de coalición del PSOE-UP no pierda de vista su compromiso con la estabilidad presupuestaria. Porque es inevitable que los países frugales que han aportado dinero para dar préstamos a fondo perdido y aceptado la emisión puntual de bonos europeos exijan rigor fiscal a los países deudores una vez regrese el crecimiento a niveles pre pandemia a la eurozona. Y mientras la mayoría logrará ese objetivo a finales de este año, en España, según los cálculos de Bruselas, eso no ocurrirá hasta finales de 2022.

Y mientras el PIB siga por debajo del alcanzado en 2019, el peso de la deuda continuará aumentando conforme suba el gasto público. El peligro es que la vuelta al rigor fiscal, a la austeridad que tanto daño hizo en la anterior crisis, se imponga antes de que la economía española se haya recuperado. De ahí la importancia de elegir bien los proyectos que estimulen el crecimiento de forma duradera y no puntual y clientelar, como el desafortunado Plan E de Zapatero que disparó el déficit y la deuda. La cuestión es que cuanto más crezca el PIB, más fácil será reducir el peso de la deuda. Y para descartar el peor de los escenarios, que supone que la interrupción de la actividad económica se prolongue hasta 2022, la campaña de vacunación es clave. Y esta está muy lejos de cumplir los objetivos del Gobierno: 70% de inmunizados antes de verano. A fecha de hoy sólo hay un 4%.

Pero ni de la vacunación, ni de la pandemia ni del espectacular aumento de la deuda pública y su nefasta herencia se habló en la sesión de control al Gobierno de esta semana, la primera desde diciembre debido a la excepcionalidad del Estado de Alarma. Sí se cruzaron broncas acusaciones a cuenta de las protestas callejeras y los límites de la libertad de expresión. También se hizo un uso partidista de la frustración de los jóvenes. A los que ninguno de los representantes de la soberanía nacional fue capaz de ofrecer solución alguna a sus problemas.