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La mentira de la transversalidad anti-española

Foto: ALBERT GEA | Reuters

Durante el ya completamente iliberal procés, la estrategia del independentismo se ha basado en apropiarse de la bandera de la democracia cada vez que, en un baño de realidad, los moradores de la Generalitat han reparado en que sus planes de separación no son respaldados por una mayoría de ciudadanos de Cataluña. El separatismo ha intentado sin éxito arrastrar a sus tesis rupturistas a personas alejadas de esa convicción y así poder hablar de una artificiosa transversalidad: recabando apoyos para un referéndum de autodeterminación primero y más recientemente protestando contra el pretendido autoritarismo de lo que llaman Estado español.

A nadie se le escapa que para ello se han servido de un cómplice perfecto. Ni siquiera la derogación del Estatut y la Constitución que perpetró Puigdemont ha servido a los dirigentes de Podemos para marcar distancias con el independentismo. Colau, Domènech o Iglesias han mostrado unas cotas de indignación tras la aplicación del 155 de las que no hubo ni rastro tras la liquidación de los derechos de los catalanes en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre.

Véase cómo funciona la simbiosis nacional-populista: compartiendo cama con el separatismo, Iglesias encuentra una trinchera óptima para perseguir su objetivo de deslegitimar la Constitución mientras que Colau y Domènech se redimen ante una Generalitat que no escatima en despreciarles a menudo por no suscribir a pies juntillas la independencia. Por su parte, esos apoyos permiten al separatismo hablar de la transversalidad que genera la idea de salir de España y de la Unión Europea. Esta perniciosa alianza, con el único nexo común de desprecio a la democracia española, ha permitido afianzar en la opinión pública catalana la idea del ‘un sol poble’ en determinados momentos: pidiendo un referéndum, tras el 1-O y tras el 155.

Aunque no cabe la sorpresa -pues la negación de la pluralidad de la sociedad catalana es el abecé del nacionalismo catalán-, la pretendida transversalidad del soberanismo está en jaque tras el golpe de Puigdemont y el secuestro de las libertades de 7,5M ciudadanos. Hasta hace escasos meses, si uno se aventuraba, en un debate, tertulia o charla a señalar que la convivencia en Cataluña estaba en riesgo, recibía de inmediato un correctivo. ‘¡Exagerado!, ¡mentiroso!, ¡en Cataluña no hay ningún problema!’, se apresuraban a jalear. Hoy en público nadie se atreve a negarlo y en privado todo el mundo lo reconoce, no sin pesar: acaloradas discusiones con compañeros de trabajo, grupos de whatsapp rotos y enfrentamientos entre familiares o amigos.

Lo trágico no es mencionar ni poner sobre la mesa la fractura social sino que esta exista y sea evidente para todos. La mala noticia para la coalición anti-española es que esa fractura no se arregla con sus pretendidas respuestas de país. Ya no. Con la actual brecha entre catalanes cada vez aúna menos devotos la idea de hablar en nombre de Cataluña –aunque lo siga haciendo TV3 ‘Las contundentes declaraciones contra Cataluña de los tres presidentes europeos’, titulaba el viernes-. Muchos catalanes se sienten desamparados por sus instituciones y están deseosos de que se cuente con ellos, sencillamente que se cuente con ellos. No en vano, ‘Nosaltres també som poble de Catalunya’ fue uno de los principales lemas de la manifestación contra la independencia del pasado 8 de octubre.

Puede que Puigdemont y compañía presionen para desdibujar esta realidad como llevan años haciendo, basta ver el desprecio y el acoso que el independentismo oficialista está empleando contra el PSC a raíz del 155. Sin embargo, cada vez están menos legitimados por los propios catalanes para repartir carnets de catalanidad. El nacionalismo catalán se está viendo obligado a renunciar a uno de sus principales mantras y todos los catalanes no nacionalistas están legitimados para ser un interlocutor de tú a tú con el separatismo. Una buena noticia para el pluralismo político, una buena noticia para la democracia.

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