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La quimera de la impunidad

Foto: Francisco Seco | AP Foto

En los últimos días hemos visto entrar en prisión preventiva a Turull, Rull, Rovira, Forcadell y Puigdemont. Hemos visto lágrimas y desconcierto. Son personas de mediana edad, con holgura económica, que disfrutaban de una alegre estabilidad que súbitamente se quebranta. De ser condenados, sus vidas quedarán lesionadas por un trauma para el que su biografía no les tenía preparados.

En un giro inesperado de guión, han cambiado una vida colmada de bienestar por un régimen penitenciario, a sus parejas por compañeros de celda, y el calor familiar por el frío hormigón. Es inevitable preguntarse: ¿qué reacción legal esperaban? ¿Por qué siguieron adelante tras tantos avisos? ¿Cómo puede este giro de la trama resultarles —a ellos y a muchos observadores— tan inesperado? Sólo existen dos posibilidades: o bien confiaban en lograr la independencia y librarse de responder ante los tribunales españoles, o simplemente consideraron que no les sucedería nada. Descartada por imposible la primera hipótesis, solo nos queda esta última —triste y prosaica— posibilidad: lo hicieron pensando que les saldría gratis. Y esto tiene que llevarnos a una profunda reflexión: sólo un Estado obscenamente débil puede invitar a semejante sensación de impunidad.

Cuando se pide una explicación a los encausados o a sus compañeros de filas, responden con el consabido mantra del “mandato democrático”, como si ellos avanzaran sólo porque sus votantes se lo exigen. No reconocen que avanzaban porque veían el camino libre de obstáculos y represalias. Esto es más evidente ahora, cuando la segunda línea del frente soberanista no se atreve a dar un paso en falso, pues sabe que el Estado está despierto. Desconozco si se sentirán tan comprometidos con el “mandato democrático” como sus antecesores, pero tengo la convicción de que se sienten menos impunes. El Estado ha dejado claro que existe, y que está dispuesto a actuar.

Sin embargo, la inquietud persiste: cómo puede el Estado haber transmitido tanta debilidad, como para que un grupo de acomodados polticos se permita delinquir públicamente, sin expectativa de reprimenda. No pretendo dividir las responsabilidades del crimen pero, como dejó escrito Carlos Rangel, «hasta el robo, por moralmente odioso que sea, plantea el problema del origen de la fuerza del ladrón y de la debilidad de su víctima», y esta imagen de debilidad hay que analizarla.

Observar de brazos cruzados hasta el último instante ha tenido consecuencias fatídicas, no sólo para los encausados —que podrían haber acabado condenados por desobediencia e inhabilitados, pero sin penas de prisión— también para el Estado. En un ambiente social donde la masa hace suyo el devenir penal del encausado, un Estado tiene que actuar antes, no cuando sólo existen medidas extremas.

Además de grave agitación social, la aplicación de estas medidas, ahora necesarias, genera un sinfín de titulares, y cuando el relato emocional lo tienes perdido, conviene llamar la atención lo menos posible. La aplicación del artículo 155 tras las jornadas del 6 y 7 de septiembre no habría tenido tanto eco en la prensa internacional, y habría puesto en guardia a los sediciosos y frenado la escalada de tensión, mientras que la intervención policial del 1-O y los encarcelamientos posteriores, pese a su indudable legitimidad, generan un ruido que injustamente enfanga la imagen de nuestra democracia. El nacionalismo es culpable de los abusos cometidos, pero el Estado es responsable de su quimera de impunidad.

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