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Mutatis mutandis

Foto: QUIQUE GARCIA | EFE

Pocos acontecimientos políticos han hecho tanto como el Brexit por ilustrar los riesgos que trae consigo la contaminación populista de las democracias representativas. Y ello sin perjuicio -faltaría más- de que esas lecciones puedan ser alegremente ignoradas.

Aunque son muchos los aspectos de este tortuoso proceso de salida que merecerían comentario, la humillación que según la prensa británica habría sufrido Theresa May en la reciente cumbre de Salzburgo sugiere un interesante paralelismo con esa variante española del Brexit que es el procés. No me refiero en esta ocasión a las concomitancias nacionalpopulistas, ni al empleo temerario del referéndum, ni al recurso permanente a la simplificación emocional. Más bien quisiera poner el foco sobre la relación entre la política y el derecho, que tan a menudo desemboca en el lamento por la rigidez del segundo frente al empuje de la primera.

En lo que toca a la cuestión catalana, el argumento ha sido repetido hasta la extenuación: habríamos dejado en manos del derecho un problema político que exige soluciones políticas. El gobierno de Rajoy habría optado por el quietismo legalista, mientras el proceso penal abierto contra los soberanistas representaría una indebida «judicialización de la política». Bajo esa misma lógica, los partidos nacionalistas piden ahora al gobierno que reescriba el sumario de la causa o conceda los indultos correspondientes cuando llegue el momento. En definitiva, el nacionalismo se queja: hacemos política y nos responden con leyes.

¿Y qué hay de los británicos? Desde el primer momento, la Unión Europea ha subrayado que las cuatro libertades sobre las que se sostiene el mercado común no pueden trocearse y que la cuestión irlandesa no puede resolverse mediante la vaga apelación a una futura solución tecnológica. Eso deja sobre la mesa, básicamente, dos opciones: ser Noruega (seguir en el mercado único sin pertenecer al club) o ser Canadá (firmar un tratado de libre comercio que proporcione un cierto acceso a ese mercado). Difícilmente puede acusarse a la UE de incoherente: esta postura fue reafirmada cuando Theresa May presentó al público ese «plan Chequers» cuyo principal objetivo siempre fue contentar a las distintas familias tories. Pese a esa inusual unidad de criterio, el gobierno conservador y buena parte de los medios británicos piden a Bruselas que ofrezca «una alternativa a Chequers». O sea: hacemos política y nos responden con leyes.

Nos encontramos en ambos casos con un objetivo imposible -un atentado contra las normas existenciales de una entidad política- que se presenta a los electores como más que posible bajo la forma de eslóganes voluntaristas. Cuando esa entidad, ya sea el Estado español o la Unión Europea, se defiende recordando la vigencia de esas normas y circunscribe cualquier proceso negociador a aquello que sea negociable dentro de ese marco «constitucional», se acusa con aspavientos al derecho de sabotear la política. Y en realidad, sucede lo contrario.

 

 

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