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Nuestras instituciones

Foto: IVAN ALVARADO | Reuters/File

Terminada una larga jornada de uno de los Congresos de la Asociación de Constitucionalistas de España, la organización previó una recepción en el Ayuntamiento de Barcelona. Apareció en una de sus estancias Joaquim Forn, por aquel entonces concejal del partido que gobernaba la ciudad, CiU. El discurso de bienvenida tomó los derroteros esperables. Cataluña tenía unas instituciones milenarias a partir de las cuales se había realizado la primera democracia parlamentaria del mundo. Curioso que el año pasado, en el Congreso celebrado en León, las autoridades nos contaran lo mismo. En fin, el exconsejero hoy en prisión quería mandarnos un mensaje a los presuntos expertos en el tema: Cataluña es una nación soberana que existía previamente a la configuración de España y, por supuesto, la Constitución de 1978.

Nuestras instituciones. Cuántas veces habré escuchado también en el País Vasco estas dos palabras. Si se dan una vuelta por Bilbao, en la Gran Vía encontrarán delante de la Diputación una estatua de John Adams, que pasó cuatro días en casa de su amigo Diego de Gardoqui, probablemente la figura política más interesante de la historia del País Vasco, convenientemente silenciada porque era diplomático de Carlos III. Adams alcanzó en esos pocos días la conclusión de que Vizcaya era una de las “repúblicas democráticas europeas”, así que parecía de justicia hacerle un homenaje. Claro que asociar autogobierno con legitimidad histórica tiene sus límites, ya que aquél solo puede encontrar sentido en el sistema político más amplio que lo reconoce y garantiza, como hace la Disposición Adicional 1ª de la Constitución. Para superar este vínculo hay que quebrar la legitimidad histórica y pasar a la revolucionaria, por eso el famoso Plan Ibarretxe contenía en su art. 13 el instrumento que servía para dejar atrás la estructura foral: el derecho a decidir.

Hoy se constituye el Parlamento de Cataluña. Me parece que poco queda en él que pueda asociarse al pasado reivindicado por Forn y la historiografía nacionalista. Si así fuera, los partidos independentistas y Puigdemont actuarían siguiendo las convenciones que esbozan la cámara de representación como la voz, el cuerpo e inteligencia de la sociedad catalana. Pero crear una República separada de España por la vía de los hechos no se reconcilia bien con la institucionalidad, un obstáculo molesto para cualquier movimiento de liberación que se precie. Los letrados del Parlament han avisado que no cabe una extensión de la delegación del voto y que la investidura solo puede ser presencial. Vienen a decir que sí, que mediante una reforma del Reglamento se podría transformar el Parlament en el senado imperial de Star Wars, pero que ello quizá no encajaría con la tradición que da sentido a éste y a cualquier órgano de representación.

A la democracia en Cataluña ya no le quedan ni las reglas ni los usos que la limitan, orientan y canalizan. Bienvenidos a la XII legislatura: que siga el espectáculo.

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