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Nuestro MacGuffin

Foto: Chema Moya | EFE

Hace seis años comenzó en España lo que se ha denominado un ciclo de politización. La secuencia es conocida. Las movilizaciones del 15M, más transversales e indefinidas, fueron dando paso a movimientos sectoriales en protesta por los recortes. Los colectivos y redes con más capital organizativo previo, generalmente de izquierdas, fueron capitalizando el descontento, aún de forma inarticulada políticamente. Partidos ya existentes como IU o UPyD crecían en las encuestas, pero no parecían en disposición de alterar radicalmente la cartelización política que convertía a España de facto en un bipartidismo.

Entonces llegaron las elecciones europeas de 2014. Podemos coordinó un voto de protesta escorado -entonces no sabíamos hasta qué punto lo acabaría siendo- a la izquierda por el que competían experimentos hoy casi olvidados como el Partido X o el movimiento de Elpidio Silva. Por el lado de la regeneración, UPyD creció, pero la amenaza de un Ciudadanos implantado nacionalmente se hizo real. Al año siguiente, las autonómicas y locales certificaron la pujanza del espacio político encauzado por Podemos y sus confluencias y franquicias locales, y la consolidación de Ciudadanos como fuerza de referencia en el centro, en detrimento de UPyD. Las elecciones generales de diciembre alumbraron el sistema de partidos nacional a cuatro que, con matices e investiduras cruzadas, se mantiene hoy.

Paralelamente a esta materialización política, que ha acabado alterando un sistema de partidos que hace no tanto parecía inamovible en torno a los dos polos, socialista y conservador, en estos años varias generaciones han redescubierto la política -y no me refiero solo a los jóvenes. Tanto gente socializada en los últimos años del aznarismo (“No a la Guerra”, “Nunca mais”) y en el zapaterismo y su nuevo espacio mediático, como no pocos miembros de generaciones anteriores, adormecidos por así decirlo en décadas previas por el turnismo del 78 y el aparente buen funcionamiento del sistema. Este redescubrimiento de, por decirlo con Strauss, “la naturaleza de las cosas políticas”, ha tenido momentos entrañables, como la invención de la policía en las acampadas del 15M ante la necesidad de evitar robos en las tiendas de campaña.

El proceso se aceleró desde la llegada de Podemos. Aprendimos todos por qué el mandato imperativo no es buena idea, por qué los diputados deben percibir salarios por su trabajo y por qué la transparencia es deseable pero retransmitir negociaciones por streaming acaba con la posibilidad de acordar nada. Reinventamos el centralismo democrático que ya conocían los partidos comunistas del remoto S. XX, conocimos los límites a la ejemplaridad exigible a los representantes y redefinimos las competencias de los distintos niveles de gobierno, dejándolas exactamente donde estaban.

Después de este notable proceso de construcción, queda, por supuesto, dotarse de una norma suprema. Y en ello estamos. Perdonen el tono irónico. Es evidente que a la Constitución del 78 no le vendrían mal unas cuantas reformas, que reflejen el paso de estos cuarenta años sin echar en saco roto lo conseguido. La crisis catalana, sin ser la única razón para el retoque, lo pone también de manifiesto. Es asimismo evidente, creo, que todo el proceso tiene un aire de empresa colectiva, generacional, casi más importante que el resultado, y bien está. Algunos nos hemos referido al Procés catalán como un macguffin: ese artefacto narrativo sin importancia real pero que hace avanzar la trama y mueve a los personajes. Quizás en España necesitemos también un macguffin, constitucional en este caso, para completar la socialización política iniciada hace seis años, reenganchar a los indiferentes y renovar la copertenencia. El reto hoy por hoy es que el proceso y el resultado sean al menos tan inclusivos como los del tan denostado en ocasiones 78. Y no va a ser fácil.

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