El patriotismo del tanto por ciento

El título de este artículo, lector, es un título robado. Pertenece a una crónica de Julio Camba enviada desde Berlín y publicada en la primera de El Sol hace más de un siglo, cuando en las portadas de los periódicos dominaban aún la opinión y la crónica. Así, en esta de El Sol del 3 de junio de 1920, aparte de la crónica de Camba, había otra firmada por José María de Sagarra, también desde Berlín, y tres sueltos editoriales. El resto, apenas una quinta parte de la superficie, eran telegramas de agencia sobre los conflictos sociales de la época, debidamente ensartados.

Pero, como les decía, el título de este artículo no es mío, sino de Camba. Y si me lo apropio es porque, al igual que el texto que le sigue –centrado, como otros muchos, en los problemas de subsistencia derivados de la devaluación del marco como consecuencia de las reparaciones de guerra acordadas en el Tratado de Versalles–, resulta de lo más actual. Este arranque, por ejemplo: «¡Qué agradable debe ser para un buen patriota el ver que cuánto más se sacrifica por la patria, más dinero ingresa en su cuenta corriente! El periodismo y la política nos ofrecen numerosos ejemplos de hombres cuya fortuna ha ido aumentando a medida que aumentaba su patriotismo y que, al final, cuando hablaban de la patria pensaban en el talonario, y cuando pensaban en el talonario, hablaban de la patria. Como estos hombres, los comerciantes alemanes, si han ganado en los últimos años muchísimos miles de millones, lo han hecho de un modo tan patriótico que el pueblo, agradecido, debe erigirles un monumento, y si no lo hace, supongo que es porque el pobre se ha quedado sin una sola cucharilla que llevar a la fundición».

Yo no sé ver en esta descripción sino un retrato afinadísimo de lo que ha sido el pujolismo. Desde su génesis, hace ya más de cuatro décadas. La patria y el talonario, el patriotismo del tanto por ciento. Y si me parece obligado recordarlo tal día como hoy es porque el pasado 25 de julio se cumplieron ocho años de la publicación de aquella carta en la que Jordi Pujol confesaba tener una fortuna oculta en Andorra desde el mismo año de su acceso a la Presidencia de la Generalidad, fruto supuestamente de una herencia que le habría dejado su padre, fundador de Banca Catalana, y cuyos beneficiarios debían ser su mujer, Marta Ferrusola, y los siete hijos del matrimonio. En la carta, una verdadera palinodia por su comportamiento a lo largo de 34 años, el expresidente de la Generalidad y principal abonador del estercolero independentista que desembocó en el intento de golpe Estado de 2017 pedía perdón «a tanta gente de buena voluntad» que podía sentirse defraudada. Él no quería, venía a decir. Cataluña era su máxima preocupación, lo que llenaba sus días y sus noches, y, claro, de lo que hacía o dejaba de hacer la familia no podía cuidarse. Aún hoy, con 92 años a cuestas y en espera de juicio junto a su mujer y sus hijos, sigue sosteniendo que lo ocurrido le duele más por la familia y por Cataluña que por él.

«En 2021 el juez Pedraz acordaba abrir juicio oral contra la familia y otras 11 personas, la mayoría empresarios afines al partido»

Lo cierto es que la instrucción judicial realizada hasta junio de 2020 ya destacaba que a lo largo de la investigación no se había «aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad» de la versión facilitada por Pujol en la carta, ni se había «suministrado explicación alguna razonable y contrastable» por parte de los miembros de la familia investigados; de ahí que propusiera juzgarlos por formación de organización criminal. En mayo de 2021, al tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidía archivar la causa contra Marta Ferrusola por padecer demencia senil, la Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 9 años para Jordi Pujol, 29 para su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, 17 para su mujer, y entre 8 y 14 para el resto de los hijos por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental, amén de la pago de las pertinentes sanciones económicas. Al mes siguiente, la Abogacía del Estado hacía públicas sus conclusiones, en las que el expresidente quedaba exonerado de toda culpa, la cual recaía casi íntegramente en su hijo mayor y su mujer, con una petición de penas parecida a las solicitadas por Anticorrupción. En un auto fechado el 15 de junio de 2021, el juez Pedraz acordaba abrir juicio oral contra la familia y otras 11 personas –la mayoría empresarios afines al partido– acusadas de cooperación necesaria, y requería al primogénito el depósito de una fianza de 7,5 millones de euros y de 400.000 a su mujer. Desde entonces, ninguna noticia sobre la fecha en que ha de celebrarse el juicio.

Comprendo que la actualidad mande y que, por ejemplo, la confirmación por parte del Supremo de la condena de cárcel a Griñán por su responsabilidad en el caso de los ERE –el mayor caso de corrupción de un partido político, en lo que se refiere a la cantidad de dinero defraudada, de nuestra democracia– continúe llevándose los titulares. Sobre todo por las secuelas exculpatorias que ha generado en el ámbito gubernamental y en el propio PSOE; la última, la de Felipe González afirmando que «si pudiera designarlo hoy para formar parte de un Gobierno de España (…), lo volvería a hacer». Pero no por ello deberíamos olvidar, en tanto el juicio no se celebre, el caso de la familia Pujol. Porque ese enriquecimiento inmoral y patriótico se ha hecho a costa del erario público y ha contribuido a la mayor quiebra convivencial habida, en lo que llevamos de democracia, entre catalanes y entre españoles. Confiemos, pues, en que no tarden mucho en llegar la verdad y la justicia.