Irene Montero: un fraude despótico

«Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona» (las negritas son mías). 

Esa formulación es a lo que, con frase que ya urge ser derogada, se refieren los corifeos del Gobierno progresista, feminista y plurinacional como «poner el consentimiento en el centro». Es la definición del consentimiento sexual que figura en el Código Penal (artículo 178.1) tras la reforma propiciada por la ley del sólo sí es sí y que resiste incólume tras la contrarreforma aprobada el pasado jueves, impulsada por un Partido Socialista que está para el roto de jalear la marea feminista que convenga y remendar el descosido que el barrómetro del CIS interesadamente pronostique. Con el despreciado y humillado auxilio del PP, por cierto, que sobre todo este colosal despropósito que ha supuesto la aprobación primero de la ley del sólo sí es sí y la posterior «fe de erratas» se ha dejado arrastrar con un populismo tacticista que nada bueno augura.  

Atiendan a los hechos probados de la sentencia 669/2021 de 15 de diciembre de la Audiencia Provincial de Madrid: «El acusado se introdujo en la habitación donde estaba durmiendo J. P., que ocupaba momentáneamente dicha habitación dado que era fin de año y habían consumido bebidas alcohólicas, y le practicó una felación, colocándose encima de J. para que éste lo penetrara analmente, momento en que J. lo apartó y el acusado salió de la habitación». En su deposición en el juicio oral la víctima señaló que en esa mañana del 1 de enero notó que alguien le practicaba una felación, a lo que «no prestó atención o no llegó a despertar». Ese «notar pero no prestar atención»; ese «no llegar a despertar» ¿constituye un «acto que exprese de manera clara la voluntad de la persona» de acuerdo con la definición del artículo 178.1 y que por tanto ha transformado en lícita la conducta de quien intempestivamente accedió sexualmente a la víctima? ¿Cuántos de nosotros no podríamos reconocernos como «víctimas» o «autores» de parecidas aproximaciones sexuales presuntamente inconsentidas?

Estas son las pertinentes, relevantes e inaplazables cuestiones que, a la luz de la entonces proyectada reforma del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual, se planteaba Javier Álvarez García, un catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid en un artículo doctrinal publicado en febrero de 2022. En el ámbito de esa discusión, el profesor Álvarez García analiza, insisto, con plena pertinencia y rigor, cómo cohonestar la fluida, ambigua, no verbal interacción sexual entre individuos competentes y adultos, un intercambio muchas veces sorpresivo, de progresión implícita, de prueba, error, incluso disgusto, con el absurdo lecho de Procusto de un acto de conformidad que más parece pensado para que la cirujana proceda a la extracción de la vesícula biliar; de «teatro» del consentimiento lo califica, con sana, inofensiva provocación intelectual, nuestro penalista. E insiste en algo que muchos otros —modestamente me encuentro entre ellos—venimos diciendo y no nos cansaremos de repetir: el «problema» del consentimiento en materia de delitos contra la libertad sexual no es definicional sino fundamentalmente de «prueba». 

«La ministra de Igualdad tiene una capacidad manipuladora que a estas alturas apenas estremece»

Pero la ministra de Igualdad y sus monteros, la jauría de ignaros que la acompaña y asesora, tienen la piel muy fina, por lo que parece, y, sobre todo, una capacidad tergiversadora y manipuladora que a estas alturas apenas estremece. El profesor Álvarez García, tenido por asesor de la contrarreforma a la ley del sólo sí es sí pergeñada por el Ministerio de Justicia, pero a quien Podemos ha recurrido varias veces pidiendo expertise para sus proyectos legislativos, ha tornado en parte de esos «sectores» que pérfidamente insisten en que el consentimiento lleva años «en el centro» y que cuestionan la oportunidad y legitimidad de exigir consentimientos expresos o afirmativos, rituales o formalizados, cuando de relaciones sexuales lícitas hablamos. 

La profesora Kimberly Ferzan, que también debe pertenece a algún «sector», en este caso de la Universidad de Pennsylvania donde da clases de Criminal Law, se planteaba discursivamente también un ejemplo imaginario que es exacta copia de los hechos probados por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y que motivó el artículo de Álvarez. Lo denominó «el despertador más placentero de la historia» (Consent, Culpability and the Law of Rape, 2016). 

No es la primera vez que la ministra aprovecha su privilegiada posición para señalar con nombres y apellidos a un ciudadano. Antes fue la casera que legalmente quería renovar un contrato de alquiler y ahora es Javier Álvarez García. En el fondo, señala a toda la ciudadanía crítica, disconforme, que asiste entre hastiada y exhausta a su dañino desempeño. 

La actitud de Montero y sus monteros, sus actos y declaraciones expresas, sus tules morados para la pequeña ocasión revolucionaria, así como sus mohines y enfurruñamientos colegiales, el teatro de sus abrazos y llantos, no son sólo muestra de un despotismo insoportable sino de deshonestidad intelectual y sordera sectaria. Un partido, un movimiento, plataforma o «espacio político» (sintagma que también ya se está tardando en derogar);  una «nueva política» emergida con la credencial de provenir de «la Universidad», se ha revelado, además de políticamente torpe, un colosal fraude intelectual.

Días antes la ministra había tenido ocasión de intentar responder a las genuinas preguntas que una influencer llamada Sindy Takanashi le formulaba en relación a la posibilidad de que los hombres aprovechen las «ventajas» que supone ser mujer mediante el expediente de modificar su mención del sexo en el Registro Civil, para lo cual, como es ya bien sabido, basta la mera declaración de voluntad (otro sólo sí es sí, podríamos parafrasear). Por ejemplo, le ejemplificaba Takanashi, para ser penalmente mejor tratado en caso de que ejerza violencia contra una mujer que sea su pareja o expareja. Eso, insistía Montero, es un fraude de ley y los hombres machistas (o sea, todos) no necesitan cambiar de sexo para agredir como hombres a mujeres. Pero Montero no entendía, o no quería entender, la pregunta: no se trata de que los hombres para poder agredir se tengan que convertir en mujeres —como interesadamente interpretaba la ministra— sino que por hacerlo recibirán un tratamiento penal más benigno. ¿Y cómo evitar el fraude? ¿Y cómo probarlo?, insistía hasta por tres veces la entrevistadora. 

Entre los torturados circunloquios, contradicciones sucesivas («se comprobará que se vive como mujer y vivir como mujer es sentirse mujer aunque no se pueda comprobar») y falacias de atinencia («eso, el fraude, no ha pasado todavía») de la ministra, cabía espigar, con grandes dosis de caridad, un esqueje de respuesta: un hombre que, como el youtuber Roma Gallardo, se grabe en un vídeo diciendo que quiere usar la ley trans para beneficiarse de algo como mujer cometería un «fraude de ley» que será perseguible. 

«Anunciar que se hará algo por ventaja no será fraude de ley sino la cabal traslación al Registro Civil del derecho consagrado en la ‘ley trans’»

Pues bien, cojo el toro por los cuernos, acepto el desafío y afirmo que esa acción que los Gallardos de este mundo pudieran emprender, lejos de ser un «fraude de ley» por anunciar que se hará algo por «ventaja», constituirán la perfecta, leal y cabal traslación al Registro Civil del derecho a la auto-identidad de género que con su ley trans la ministra dice haber consagrado.  

Para entender por qué tomemos un ejemplo de «ventaja» que creo será incontestable: tener la obligación de ir a la guerra por ser hombre. Imaginemos así a un Gallardo ucraniano, poco gallardo, que quisiera evitar ir a la confrontación armada contra los rusos y se aprovechara de una equivalente ley trans ucraniana. Este Gallardschenko podría alegar que su voluntad de modificar su sexo en el Registro Civil está basada en una incongruencia entre el «sexo» asignado y el «género» socialmente o culturalmente presupuesto y que ha supuesto que por el hecho de tener testículos se le presumen «las pelotas» para ir a la guerra. Él, en el fondo, es un blandengue. 

Y es que, como la propia Montero (des)conoce, si bien el Registro Civil no consigna (ni antes ni ahora tras la ley trans) el género sino el sexo, la querella histórica y presente del colectivo LGTBIQ+ y del mejor feminismo consiste precisamente en reivindicar que el sexo no nos condicione: ni a hombres ni a mujeres. No se nace gallardo, si acaso se llega a serlo. Una mujer biológica ucraniana a la que se le presume inhábil para la guerra por no tener testículos, bien podría también instar la operación contraria a la de nuestro Gallardschenko porque ella sí tiene las pelotas necesarias. 

Pues exactamente lo mismo para los que, como los Gallardos españoles, estamos hartos de haber sido «sellados» como machistas y violentos, tratados de manera distinta y peor «por cojones» (y perdón por el exabrupto). No, señora ministra, no cometeríamos fraude para «aprovecharnos» o por un «fin distinto» al previsto en la norma, sino por el distintivo fin de ser también personas trans, disconformes con nuestro «género», los estigmas y presunciones impuestas por su fraudulento feminismo.