Por otro lado, el Estado es una filfa. Se reviste de autoridad, con expresiones como Imperio de la Ley, pero cuando está en crisis es un castillo de arena, que puede deshacerse para adoptar otra forma. La autoridad tiene como primer valladar el reconocimiento generalizado de que el Estado representa a todos y no es brutalmente injusto. Pero cuando este valladar no es suficiente, el único que queda es el ejercicio de la violencia. Y nuestra sociedad, que por un lado acepta sumisa que el Estado se meta en su vida y su patrimonio, tiene la piel muy fina ante el ejercicio de la violencia del Estado incluso para hacer cumplir la ley. No sabemos si, llegado el caso, los españoles lo asumirán como mayores de edad.

La cuestión específica de Otegi. Los tribunales han dictado que quien ha ejercido el crimen con vocación política no puede ejercer la política. Bien está. Pero de nuevo el orden jurídico, y con él todas las instituciones del Estado, están en entredicho. Se les opone la razón dizquedemocrática de que a todos nos asiste el derecho, previo a esta forma de Estado, de participar en política, lo cual es absurdo. Porque la participación exige la aceptación de las normas, y Otegi quiere romperlas. Pero fundamentalmente porque la política es un juego por el que varios grupos organizados se sirven del Estado para trasladar renta y riqueza del resto hacia ellos, y hacia el propio Estado. Nadie puede reclamar el derecho a participar en este latrocinio organizado, por lo que estrictamente hablando, no existe el derecho de la persona de participar en el proceso político. La cuestión es de oportunidad política: ¿Conviene, o no? Y la respuesta es obvia.