Andrea Fernández Benéitez

Papá Estado o el brazo torcido a la derecha liberal

«La ley que protegerá a los 'riders' demuestra que una vez más el Estado se desvela como un fuerte hacedor, moldeando e interviniendo en beneficio de los más débiles, en este caso, los trabajadores»

Opinión

Papá Estado o el brazo torcido a la derecha liberal
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Andrea Fernández Benéitez

Andrea Fernández Benéitez

Nació en Valencia de Don Juan, localidad leonesa en la que ha residido toda su vida. Es graduada en derecho y cursó también máster en abogacía. Ha ejercido como abogada laboralista hasta abril de 2019, momento en el que fue elegida diputada del PSOE de León con tan solo 26 años.

Existe cierta creencia, más o menos extendida, de que la acción de los gobiernos en materias como la económica o la laboral apenas tienen valor porque vivimos inmersos en un entorno globalizado. Es cierto que el contexto actual hace del trabajo y del reparto de beneficios algo inusitadamente líquido y variable. Además, son cada vez menos las actividades productivas que deben estar encajadas en un determinado territorio, lo que favorece esta incertidumbre. Evidentemente, esto se traduce también en términos de poder. Bien podríamos elaborar una reflexión profunda a cerca de la capacidad de grandes corporaciones para decidir sobre el destino de países al completo. También sobre cuán legítimo es que esto suceda en términos democráticos. No obstante, existen motivos para ser optimistas.

Previo a la finalización del pasado periodo de sesiones, el Congreso de los Diputados votó mayoritariamente la aprobación de la llamada Ley Rider, una norma que viene a regular el trabajo de los empleados que reparten comida a domicilio. Sin entrar a  valorar los términos del texto -e incluso si era necesaria una regulación específica del sector-, parece haber tenido ya un efecto, según algunos: la salida del mercado español de la empresa Deliveroo. Este hecho ha levantado ampollas y ha servido de acicate para la pléyade liberal, que rápidamente se ha llevado las manos a la cabeza haciendo culpable de este hecho a la nueva normativa. Sirva como apunte que, pese al griterío, resulta que el fin de la aventura española de la compañía responde más bien  a que la competitividad con otras empresas del ramo ha provocado que no pudiera liderar el mercado patrio del reparto a domicilio. Es decir, que más allá del nuevo marco legal ya pintaban bastos para esta mercantil.

Parece un razonamiento bastante sencillo aquello de que ningún negocio lo es realmente si no puede cumplir con las exigencias que impone la ley para sostenerse. Esto es así porque, en un estado de derecho, las leyes suelen ser parte de un pacto social donde proteger y generar derechos es condición necesaria. En este sentido, las normas además suelen emanar de un concepto compartido del bien que normalmente está plasmado en una de carácter superior, en nuestro caso la Constitución de 1978 -podríamos aludir a artículos como el 35 o el 28 de la Carta Magna-.

Como apunte final, resulta preocupante que el debate mayoritario sobre el tema se parezca a aquello de si era rentable o no manumitir esclavos. En concreto me refiero al olvido sistemático de otras aristas que envuelven el trabajo, como la importancia de la implicación de los trabajadores en el entorno laboral. El hecho de que miles de repartidores deban ser autónomos para desarrollar sus tareas conculca un derecho básico para cualquier democracia: el de participación y sindicación. Ser sujetos activos en la vida de las empresas, poder tomar decisiones o reclamar a través de los diferentes instrumentos que ofrece el derecho laboral es fundamental para que una democracia lo sea plenamente. La propia Constitución cuenta  en su espíritu con la idea de que nuestro Estado, para ser, exige más que votar cada cuatro años; es también impresionante poder participar en todas las esferas de la vida pública y por supuesto, eso incluye las relaciones laborales. Una nación de trabajadores aislados, desconectados y sin ninguna capacidad de acción real ve fuertemente dañada su libertad. Además, esta no es una preocupación exclusiva de nuestro país, otros como Francia o Alemania cuentan con modelos participativos en el ámbito social que preservan incluso el poder accionarial de los trabajadores en sus empresas.

La ley que protegerá a los riders demuestra que una vez más el Estado se desvela como un fuerte hacedor, moldeando e interviniendo en beneficio de los más débiles, en este caso, los trabajadores. Veremos si esta nueva catástrofe anunciada se cumple o la salida de esta empresa simplemente supone una reorganización del sector del reparto de comida a domicilio. Quizás suceda como aquel fin del mundo que iba a traer la regulación del precio de las mascarillas, ¿Recuerdan? En fin, menos mal que tenemos a papá Estado.

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