Presos políticos
El 10 de septiembre de 2015 la justicia venezolana declaró a Leopoldo López culpable de varios delitos: Instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. Por estos hechos, fue condenado a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión y, allí sigue.
El 10 de septiembre de 2015 la justicia venezolana declaró a Leopoldo López culpable de varios delitos: Instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. Por estos hechos, fue condenado a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión y, allí sigue.
En muy pocas circunstancias es factible encontrar casi la unanimidad y el rechazo global en contra de un fallo judicial como aquél. La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones internacionales de derechos humanos de todas las partes del mundo han condenado, sin fisuras y desde el primer momento, el arresto del líder de la oposición de Venezuela, por haber sido motivado políticamente.
El propio Leopoldo López, escribe ahora desde su celda nuevas revelaciones en su blog, sobre los días previos a su detención en las que detalla la visita del ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que realizó a su casa pocos días antes de ser encarcelado, en donde le ofreció salir del país antes de entregarse voluntariamente y le reconoció que era inocente y que «esto era una medida política».
Sea como fuere, lo cierto es que cualquier país que pretenda configurarse bajo un Estado de Derecho, en el cual se respeten los Derechos Humanos, no puede ni debe condenar a ninguna persona por motivos ideológicos, salvo que traicione las reglas básicas de una verdadera Democracia.
Se llame Leopoldo López o tenga cualquier otro nombre, todos y cada uno de los presos políticos que existan en Venezuela o en cualquier rincón del mundo deben ser puestos en libertad de forma automática, sin más excusas ni demoras. No debe existir persona alguna privada de libertad por el hecho de expresar libremente sus opiniones, salvo se pretendiera poner en riesgo la propia estabilidad o la Democracia de un país, en cuyo caso, el Estado de Derecho, también debe actuar.
