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Prórroga a la incertidumbre

Donald Trump quiere que el presidente de la Fed, nombrado por él nada más llegar al poder, le obedezca

Foto: John Locher | AP

Marzo iba a ser el mes en que se despejarían las dos grandes incógnitas que pesan sobre el crecimiento económico. Y en su lugar ha acabado siendo el mes de las prórrogas. Prórroga al Brexit, prórroga a las negociaciones entre Estados Unidos y China y prórroga, en definitiva, a la incertidumbre que pesa como una losa sobre el crecimiento económico mundial. ¿El resultado? Las empresas siguen aplazando las decisiones de inversión y de contratación de empleo y sus previsiones y las de la economía en general continúan cayendo. El último en anunciar una nueva revisión a la baja de las mismas ha sido el Fondo Monetario Internacional.

Frente a este preocupante panorama, las autoridades de EEUU y Europa tratan de reaccionar. Lo paradójico es que la Administración de Trump, responsable de provocar esa incertidumbre con sus amenazas comerciales a Pekín, ha optado por mantener la tensión y concentra toda la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para que baje los tipos de interés, aun a riesgo de poner en entredicho la necesaria independencia del banco central estadounidense. En Europa se intenta evitar que el caos sobre el Brexit frene la maquinaria europea, especialmente de cara a las próximas elecciones europeas, y se ha decidido poner el foco en avanzar con urgencia y excesiva ambición tal vez en la reforma del euro para evitar (o al menos estar mejor preparados en su caso) que la desaceleración se convierta en una nueva recesión.

Sin disimular ni siquiera un poco, Trump ha hecho un llamamiento público a la Fed para que baje los tipos de interés y adopte las medidas adicionales necesarias para estimular la economía. El presidente quiere evitar a toda costa que la desaceleración económica dificulte sus posibilidades de ser reelegido en las presidenciales de 2020. Pero es una petición que se asemeja a la que lanzan en otras partes del mundo algunos líderes autoritarios en problemas, como el turco Recip Erdogan. Y que se puede volver en su contra. La independencia de la autoridad monetaria estadounidense es vital para dar estabilidad a la economía y las presiones del presidente sobre la misma pueden comprometer la credibilidad de su política, lo que debilitaría al dólar y desestabilizaría los mercados. El caso Turquía, donde la lira y el mercado bursátil han caído en picado, es un buen ejemplo.

Pero la independencia de las instituciones, como hemos visto con el FBI o la Fiscalía del Estado, suele irritar al presidente estadounidense. Él prefiere tenerlas a su servicio. Quizás porque considera aún políticamente rentable mantener las amenazas a China, Trump necesita con urgencia que la Fed dé marcha atrás en la subida de tipos y compensar así los efectos negativos que la guerra comercial declarada al gigante asiático ha tenido en las compañías más expuestas a la misma. Los efectos dinamizadores de su rebaja fiscal por valor de 1,5 billones de dólares aprobada el año pasado parecen estar llegando a su fin.

Y ahora quiere que Jerome Powell, el presidente de la Fed nombrado por él nada más llegar al poder, le obedezca. Ya no gustó al mercado que sustituyera en el cargo a su predecesora, Janet Yellen. No sólo porque esta había sabido capitanear con éxito la temida reducción de los estímulos al sistema financiero (por valor de 4 billones de dólares) al mismo tiempo que cumplía con los objetivos de inflación y de creación de empleo. Pero sobre todo porque al sustituir a Yellen rompía con la tradición de sus predecesores de mantener al frente de la Fed al presidente heredado evitando así que se dude de la independencia de la institución.

Trump puede ahora dañar una credibilidad conquistada durante años. EEUU fue pionero en el mundo en otorgar independencia al banco central. Fue durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado cuando el Congreso estadounidense decidió ceder poderes a la autoridad monetaria para que fijara los objetivos de inflación y de empleo y diera credibilidad al valor de la moneda, que quedaba a salvo de las decisiones interesadas y cortoplacistas del gobierno de turno. Tras los intentos de Lyndon Johnson y de Richard Nixon de recortar este poder, en los setenta quedó establecido por ley el mandato del Congreso a la Fed.

En Europa, el Banco Central Europeo, creado en 1998, es absolutamente independiente. Aunque su mandato está limitado a un objetivo de inflación (el 2%), y de acuerdo al mismo fija los tipos de interés para los países que comparten la moneda, la crisis financiera de 2008 y la llegada de Mario Draghi a su presidencia ha marcado un antes y un después en la manera de gestionar la política monetaria común. Draghi ha actuado de forma similar a la Fed para salvar al euro. Inyectó 2,4 billones de euros a base de comprar bonos y otros activos a los bancos para asegurarse que el crédito siguiera fluyendo. Todo ello fuera de la ortodoxia de su mandato y enfrentándose a los fiscalmente rigurosos socios alemanes y norte europeos. La polémica se disolvió en cuanto que el italiano logró neutralizar los ataques al euro. Sus estímulos sirvieron de paso para compensar la dolorosa austeridad fiscal impuesta por Berlín a los países del Sur.

Ha sido Mario Draghi quien, a la vista del parón que está sufriendo la economía europea y con escaso margen para actuar del BCE pues los tipos de interés están en tasas casi negativas, ha hecho un llamamiento a las autoridades de Bruselas y los Gobiernos de la eurozona para que tomen medidas que estimulen el crecimiento y eviten la recesión. El comisario europeo de Asuntos Económicos se ha mostrado dispuesto a tomar el relevo a la política monetaria. Pierre Moscovici ha advertido a los socios de la UE que tienen que estar preparados para “dar cualquier tipo de respuesta que sea necesaria”. ¿Su propuesta? Ir a tope con la reforma del euro, de forma que blinde a sus estados miembros y sobre todo a sus contribuyentes, de vivir (y pagar) una crisis similar a la larguísima padecida de 2008 a 2013.

Pero la agenda es ambiciosa y el tiempo limitado. A saber; tener un presupuesto para la zona euro, crear un fondo para rescatar las entidades financieras en quiebra, consolidar un fondo común de garantías de depósitos para todas las entidades financieras de los estados miembros del euro e impulsar la unión de mercados de capitales. Todo está en construcción. Pero el Brexit tiene también la virtud de presionar a la Unión Europea en la buena dirección. La de procurar una mayor integración para protegerse de futuras crisis, capaz de convivir, a diferencia de la deriva intervencionista de los EEUU de Trump, con la independencia de una institución, el BCE, que hoy por hoy, ha sabido salvar la credibilidad de una moneda que une a 19 países y a 340 millones de personas.

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