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Realpolitik

Foto: Lefteris Pitarakis | AP

El caso Khashoggi, con toda su truculencia, nos hace reflexionar sobre la vexata quaestio del papel de la moral en las relaciones internacionales. Un periodista es asesinado en el consulado de un país de suma importancia geopolítica y el mundo se debate entre sancionar con dureza al régimen, al precio de socavar intereses políticos y comerciales, o dejar los ojos a medio párpado y optar por una condena sin castigo. ¿Qué pensar?

Por mi parte diré que, en materia internacional, pertenezco a la escuela del realismo político. Una escuela de pensamiento que, contra lo que la opinión vulgar sospecha, no desconoce el significado moral de la acción política, sino que, muy al contrario, es demasiado consciente de la tensión inevitable entre el imperativo ético y el deber del gobernante de maximizar el bienestar de sus gobernados o, en la formulación clásica, de velar por el interés nacional. Es realpolitiker no el desalmado sin escrúpulos, sino aquel que pondera las consecuencias de sus actos y sabe que a veces se ha de tolerar un mal para prevenir otro mayor. El adverbio «a veces» aquí es importante, porque ética de la responsabilidad y ética de los principios son polos de un continuo en el que todos oscilamos en nuestra vida. Weber nunca dijo que el buen político es quien antepone siempre la responsabilidad, sino aquel que, dejándose guiar por ella, llega a un punto en que se para y dice: «no puedo ir más lejos, aquí me detengo».

En el caso que nos ocupa el gobierno opta por medir su respuesta y proteger los puestos de trabajo en un astillero español. Nos preguntamos si el gobierno hace bien o mal sin reparar en que la respuesta no puede separarse del lugar desde donde se ha lanzado la pregunta. Los trabajadores beneficiados por el encargo de Riad no dudan de que la prudencia del gobierno es acertada. Los familiares del asesinado y todos quienes trabajan para la democratización de Arabia Saudí creen en cambio que es momento de plantarse ante el régimen. Lo que nos avisa de que lo experimentado en estas situaciones no es tanto un choque de valores como un conflicto entre lealtades: hacia los trabajadores del propio país y hacia quienes, en otra nación, aspiran a lograr un cambio social deseable. Nuestra mayor proximidad a unos u otros determina nuestra postura.

Es señal de emergencia de una conciencia cosmopolita global que cada vez nos importe más la suerte de personas que viven fuera de nuestro país. La justicia es una forma delealtad ampliada dice Richard Rorty, y desde hace siglos el círculo de personas para las que pedimos un trato justo no deja de ampliarse. Al mismo tiempo, el deber primario de un gobierno es el contraído con sus nacionales, a los que no se puede pedir alegremente que sacrifique en el altar de una acción moral. No conozco más solución para este dilema que aceptarlo como tal dilema y ser comprensivo con la posicion de cada uno: del activista sincero esperamos fidelidad hacia su causa; del político, que sepa ser responsable hasta que un cambio de coyuntura o un ampliado rango de opciones le aconseje mudar de postura.

Desde Maquiavelo sabemos que la política tiene una esfera de actuación autónoma de la ética. Su sucesor, el gran teórico de la política exterior Hans Morgenthau escribe: «Hay una verdad profunda y olvidada en la afirmación de Hobbes de que el Estado crea moralidad y ley y de que no existe ni ley ni moralidad fuera del Estado». Trabajamos por un mundo donde ley y moral se abran paso también fuera del Estado, pero no estamos todavía ahí. Hasta entonces, hacemos de la prudencia nuestra brújula.

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