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Sanchismo

Foto: ANDREA COMAS | AP

El otoño catalán de 2017 constituye ya uno de los episodios más destacados de nuestra historia democrática y la mayor crisis institucional desde la aprobación de la Constitución, hace ahora 40 años.

Aquellos días aciagos se remontaron con el concurso múltiple de los actores del Estado de derecho. Fue crucial el mensaje del rey, que trazó una línea de unidad a los partidos del bloque constitucionalista, en un momento de debilidad de un Ejecutivo superado por la situación y con el principal partido de la oposición anunciando la reprobación de la vicepresidenta. Fue fundamental que las formaciones constitucionalistas aparcaran sus diferencias para anteponer la aplicación de un 155 necesario para restaurar la legalidad. Fue decisivo el papel de los jueces, a los que demasiadas veces se los sobrecargó para eludir decisiones que también debían ser políticas. Fue revelador que miles de empresas, ante la inestabilidad y la falta de seguridad jurídica que se anunciaba, trasladaran sus sedes fuera de Cataluña. Por último, la idea excluyente de un “solo pueblo” se terminó de derrumbar cuando un millón de personas llenó Barcelona de banderas catalanas, españolas y europeas.

Ese gran esfuerzo colectivo para contener la amenaza separatista fue, sin embargo, malbaratado en una moción de censura que, por primera vez, permitió la formación de un Gobierno fuera del consenso constitucional. Aquel acuerdo inauguró un nuevo tiempo político al que, por su personalidad diferenciada y por consideración hacia las siglas históricas del PSOE, podemos referirnos como el sanchismo.

Pedro Sánchez desoyó a los protagonistas de la contención del golpe a la democracia en Cataluña para construir su Gobierno sobre la base de un entendimiento con los partidos responsables de la crisis constitucional. La oposición cívica a los perpetradores del atropello democrático no fue recompensada y el nuevo presidente señalaría sistemáticamente a sus representantes desde la tribuna del Congreso, acusándolos de alimentar la fractura y medrar en el conflicto.

Apenas un mes y medio después de la moción, el tribunal alemán que debía decidir la entrega a España de Puigdemont rechazó la extradición del expresident por rebelión, a pesar del trabajo de justificación y aclaración realizado por los jueces españoles. Suponemos que es difícil trasladar a los tribunales extranjeros la gravedad de una conducta cuando aquellos a los que en España se persigue por rebelión se convierten en los socios del nuevo Gobierno, encabezado por un partido de la vieja familia socialdemócrata europea.

El sanchismo había legitimado así, hacia el interior y hacia el exterior, a quienes habían planeado y acometido la ruptura de la Constitución en Cataluña, arrumbando en el camino a todos los actores políticos y de la sociedad civil que con su compromiso lograron contener la amenaza secesionista en las horas más bajas de nuestra democracia.

Después, aquella mayoría que, se dijo, solo se usaría para desalojar al PP del poder y convocar unas prontas elecciones, se convirtió en la suma de Gobierno, trasladando las negociaciones sobre la acción del Ejecutivo y las cuentas del Estado a una celda carcelaria. Se demostraba de este modo que el sanchismo había nacido con un pecado original del que nunca podría desprenderse.

Tres veces preguntó Albert Rivera a Pedro Sánchez, en la mañana de ayer, si piensa indultar a los enjuiciados del procés, y ninguna le respondió el presidente. Las instituciones y la Constitución resistirán el accidentado tránsito de Sánchez por Moncloa, como resistieron el otoño pasado en momentos muy graves. Lo que no está tan claro es que su paso lo resista el PSOE, que no merece, ni por historia ni por legado, el maltrato al que su líder lo somete.

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