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¡Se independicen, coño!

Los sucesos son graves y es preciso explicarlos con detenimiento. Empecemos por la Mesa. La Mesa es el órgano de gobierno colegiado de un Parlamento, sea el Congreso de los Diputados, sea una cámara autonómica. A ella corresponde calificar las iniciativas que presentan los distintos grupos representados en el hemiciclo. Con el reglamento en la mano, decide qué asuntos pueden debatirse y votarse en el Pleno y cuáles no cumplen los requisitos de forma y contenido.

El pasado 31 de agosto, último día hábil en el Parlament de Cataluña, Junts pel Sí y la CUP registraron una proposición de ley que permitiera aprobar, por la vía de urgencia, esto es, en un único debate, la celebración de un referéndum de independencia el 1 de octubre.  Previamente, el 26 de julio, se había aprobado una reforma del reglamento de la cámara que posibilitara dicha tramitación: hasta ese momento, la vía de urgencia estaba reservada a las leyes del Govern o a aquellas que contaban con el consenso de todos los grupos.

A continuación, el Parlament cerró sus puertas y no volvió a abrir hasta el 16 de agosto. En esa fecha estaba previsto que la Mesa se reuniera y calificara la proposición de los nacionalistas. Sin embargo, ocurrió algo insólito: la presidenta de la Mesa, Carme Forcadell, rehusó pronunciarse sobre el texto. En lugar de eso, decidió guardarlo en un cajón sin darlo a conocer.

La proposición de ley ha permanecido en ese limbo legal hasta este miércoles. En una reunión extraordinaria, la Mesa ha admitido a trámite, con los votos en contra de Cs y PSC, la proposición de ley que legitima el referéndum de independencia. El secretario general del Parlament y el letrado mayor han advertido a la presidenta que la tramitación de la proposición quedaba fuera de la legalidad y suponía una vulneración de los derechos de los diputados, razón por la que han rechazado su publicación en el Boletín Oficial de la cámara. Ante la negativa de los servicios jurídicos del parlamento, la propia Forcadell ha traspasado la línea que separa al poder político de la administración pública, firmando y publicando ella misma la resolución.

Con la democracia ya malherida, y con  una celeridad que contrasta con la seriedad de los hechos en juego, se ha aprobado un cambio en el orden del día del Pleno para incluir la proposición recién admitida a trámite. Después, la presidenta ha concedido dos horas para que los grupos presentaran enmiendas, en lugar de las 48 que establece el reglamento. Enmiendas a un texto que acababan de conocer y en el que se planteaba nada menos que una vía de apariencia legal para una independencia inconstitucional. Concluido el plazo, la Mesa he rechazado todas las enmiendas a la totalidad redactadas por la oposición. El motivo: “S’ha acordat”.

Toda esta premura tiene el único objetivo de tratar de impedir una rápida reacción del gobierno y el Tribunal Constitucional para invalidar las decisiones del Parlament. La oposición ha visto cómo la presidenta les silenciaba una y otra vez, atropellando los derechos de los diputados, que son, en última instancia, los de sus representados. Tampoco se ha admitido apelar al Consell de Garanties Estatutàries para que diga si la ley se adecúa a la Constitución y al Estatut. No lo hace: ya consideró inconstitucional en un dictamen utilizar la lectura única en leyes de calado como esta.

Cuando escribo estas líneas, acaba de producirse la votación que culmina este simulacro democrático para legitimar un referéndum de independencia. La proposición de ley se ha aprobado en ausencia de los grupos de la oposición, CS, PSC y PPC, y por mayoría absoluta: para que se hagan una idea, una reforma del Estatut requiere el consenso de dos tercios de la cámara.

Dudo que, después de la Segunda Guerra Mundial, un país desarrollado haya sido testigo de una mayor vulneración del principio de legalidad que la que he hemos contemplado en el Parlament de Catalunya. Dudo también que alguien pueda creer que con estos mimbres puede construirse “la Dinamarca del sur”. Me asusta dónde puede acabar esto: las élites secesionistas saben que el 1O no se proclamará ninguna independencia (de hecho ya han comenzado las negociaciones para un pacto autonómico tripartito), pero han hecho creer a mucha gente que se van a marchar. Veremos cómo gestionan esa frustración en la calle.

Por último, me pregunto por qué no se han ahorrado el espectáculo lamentable de esta simulación de legalidad. Por qué han querido aparentar que actuaban con arreglo a derecho. Para este viaje no hacían falta alforjas. Bastaba con calarse la barretina y proclamar: “¡Se independicen, coño!”.

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