Sentencia de los ERE: técnicas de uso
«Quizá falte mucho por ver o quizá alguien quiera acortar la función y lo logre. Dependerá de la voluntad, de manera especial, del actual ejecutivo andaluz»
La sentencia de los ERE es, también, un croquis estampillado por los jueces, un dibujo eficaz del mecanismo interno, entre la maquinaria precisa y el granel de millones, con el que ha funcionado la Junta socialista durante décadas. Pero ni este croquis ni la condena a sus principales responsables políticos -tan explícita- guardan relación directa con el impacto político-electoral que tiene, ha tenido o pudiera llegar a alcanzar el caso en el Gobierno de España. Quizá falte mucho por ver o quizá alguien quiera acortar la función y lo logre. Dependerá de la voluntad, de manera especial, del actual ejecutivo andaluz. Las verdades -también las judiciales- se desgastan, se enturbian o se malversan políticamente; son leopardos a los que, a fuerza de propaganda, se les pueden borrar las manchas. Contrariamente, los escándalos regionales del PP en Madrid y Valencia -ilustrados con punzantes grabaciones judiciales en los medios- socavaron la vigencia del Gobierno del PP.
El ex presidente andaluz, José Antonio Griñán, asediado por el escándalo, con informaciones que achicharraban su gestión, tomó la decisión de no hacer coincidir las elecciones generales de noviembre de 2011 con las autonómicas andaluzas. El PP nacional obtuvo entonces un resultado histórico y Mariano Rajoy fue presidente. Cuatro meses de gestión popular, enfrentadas a la crisis económica, fueron suficientes para que en marzo de 2012, el PSOE autonómico sostuviera el poder gracias a un pacto con Izquierda Unida. Griñán pudo dirigir su propia salida y eligió a Susana Díaz como relevo generacional.
La explicación del uso continuado de fondos públicos sin cobertura legal, los 680 millones defraudados y desmenuzados en el fallo, está atada a una traducción mediática y también, a una ética periodística. Escribió Curzio Malaparte, en sus Técnicas de Golpe de Estado, que no hay unas condiciones objetivas para que un aspirante al poder proceda a arrebatar una autoridad constituida: depende de poner esas condiciones a favor de su arrojo, inteligencia o valor.
El actual Gobierno andaluz ha anunciado un plan para recuperar el dinero. Todavía hay más de 150 juicios pendientes de los distintos casos en los que se ramifica la trama. En las semanas venideras, se sabrá cuán sólida es (achuchada en el acrónico ERE) la invalidez del actual PSOE de Andalucía como alternativa al actual Gobierno de PP y Ciudadanos en la región.
La verdad está muy bien, pero difundirla es (casi) más necesario, que escribió Américo Castro.
