Sin reacción popular, esto se acabó
«Ya puede decir misa el Supremo. La ley está para saltársela: es el veredicto que el jefe del Gobierno acaba de entronizar»
Josep Lago | AFP
Nos estamos acercando a la ruptura, a la bendición del Gobierno legítimo de España a unos delincuentes cuya condena a penas de cárcel por sedición cumple estrictamente la legalidad y que se las han ganado con un intento de declaración unilateral de independencia que recibiría el mismo trato jurídico en cualquier país de la Unión Europea… o en cualquier democracia de corte occidental.
Pues bien, a este Gobierno que se va destapando según le llegan sus fechas clave le parece que las condenas son «venganza» y «revancha» (por cierto: sinónimos, pero Pedro Sánchez prefiere amontonar las palabras) y tiene claro que soltar a unos delincuentes que han pasado bien poco tiempo en la cárcel es la única solución para que haya «reconciliación».
El surrealismo de todo lo que estamos viviendo en España es ya tan acendrado que resulta difícil colocarlo en una escala de los distintos intentos de golpe de Estado desde hace siglo y medio: ¿estamos más cerca de 1981, o más cerca de 1936?
Esta concatenación rompe la separación de poderes como quizá jamás soñó ni siquiera el gran rompedor, Alfonso Guerra, el asesino de Montesquieu que ahora se rebela contra lo que está sucediendo. Y, este mismo miércoles, se sabían que el Tribunal Supremo se opone rotundamente a conceder cualquier forma de indulto, incluso el parcial, a los 12 condenados en el juicio del procés. Decía Manuel Marraco en El Mundo: «Muy al contrario, los magistrados consideran que la medida de gracia sería una ‘solución inaceptable’, ya que no se da en este caso ninguna de las tres razones que prevé la ley –justicia, equidad y utilidad pública–, para la concesión de un indulto».
Pues es que tres decenios más tarde se confirma que Montesquieu ha muerto, y la dictadura de uno de los tres poderes que nos está anunciando Pedro Sánchez es sinónimo del final de la democracia en España. Ya puede decir misa el Supremo. La ley está para saltársela: es el veredicto que el jefe del Gobierno acaba de entronizar.
Frente a todo ello no hay más respuestas que todas las acciones que pueda emprender la oposición –pero ya está visto que acudir a la Justicia va a ser lo más parecido al pataleo- y, sobre todo, que el pasivo y silente pueblo español decida si es hora de lanzarse a la calle –con mascarillas- a protestar contra la vulneración conjunta de la Constitución por el PSOE, el populismo de extrema izquierda y toda la cohorte de separatistas, oficiales u oficiosos, que les dan respaldo en el Congreso.
Si la apatía prosigue, de aquí a diez años tendremos no dos, sino media docena de Estados independientes –y, claro está, mal avenidos– en la Península Ibérica e islas que fueron suyas.
