Sobre las mayorías y las minorías

Es bueno que, atendidos los hechos que vienen ocurriendo en Cataluña, seamos capaces de analizar también todo cuanto se dice, de modo que aclaremos algunos términos. Hace unos días, en el Parlamento de Cataluña, Miquel Iceta vino a decirle a Puigdemont que lo más grave de todo lo ocurrido era que no tenían la mayoría necesaria para proclamar unilateralmente la independencia: que con más votos “catalanes” igual sí, pero que con menos del 50%, imposible. Y es habitual que este argumento se presente como el más importante de todos e incluso el único… con el objetivo de detener las intenciones (delictivas) del independentismo más obtuso. Sin embargo, para desmontar las falacias nacionalistas y, sobre todo, para ganarles la batalla política, conviene hilar fino y acertar con los argumentos que se esgrimen, algo que, desgraciadamente, apenas veo que se logre ni en los principales debates parlamentarios que nadie atiende ni, tampoco, en las principales tertulias televisivas donde se informan unos cuantos millones de españoles.

El problema del golpe a la democracia dado por los independentistas en Cataluña es precisamente ese: que es un golpe a la democracia, no que hayan logrado sacar adelante la votación fraudulenta por una mayor o menor diferencia de votos. El asunto es que la votación fue fraudulenta, y no solo por el procedimiento seguido sino también por el fondo del asunto: lo que se ha venido votando en Cataluña (fundamentalmente, la independencia de la Comunidad Autónoma) no puede decidirse allí… por no hablar de todo lo demás que se ha decidido sin ni siquiera haberse votado.

Y es que, señor Miquel Iceta y otros destacados representantes políticos y mediáticos: la reforma de la Constitución Española, el modelo territorial del Estado o el futuro del país… lo decidimos todos los españoles. Y lo que han pretendido los golpistas catalanes es decidirlo únicamente ellos, declarando unilateralmente la independencia y apropiándose de una parte del territorio nacional… como si ya fueran independientes. Para todo lo cual han optado por saltarse gravemente la legalidad vigente, cometiendo de ese modo gravísimos delitos y vulnerando nuestros derechos cívicos y ciudadanos. El derecho a decidir sí existe: corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y debe ejercerse en el marco de las competencias que disponemos. Así, Cataluña carece de la competencia exclusiva para decidir la reforma de la CE o la fragmentación del Estado.

Daba igual que la declaración de independencia hubiera contado con el apoyo del 70% de los diputados autonómicos catalanes, porque tal cosa no es de su competencia ni puede hacerse. Lo que los independentistas del tipo que sean deberán hacer para alcanzar sus objetivos políticos será defender en el Congreso de los Diputados un cambio constitucional para incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la secesión de una parte del territorio, cosa que no aparece en ninguna constitución del mundo, salvo exóticas excepciones que ni ellos mismos citan. Una especie de derecho a la rebelión y a la destrucción del Estado. Para ello, deberán convencer a una mayoría de diputados nacionales que tal reforma nos conviene a todos y, a partir de ahí, formular los cambios legales precisos. Hay quien defiende que ni siquiera esto pueda plantearse. Yo no tengo problema en mantener esa vía legal abierta… pero les queda lo más difícil: convencernos a los españoles de semejante idea y de que es mejor romper España que mantenerla unida.